«Boye se inventa los contratos de los préstamos», declaró un «arrepentido»
La juez no impone medidas cautelares al letrado de Puigdemont, acusado de blanqueo
Gonzalo Boye , abogado de Puigdemont y Torra, compareció ayer ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por un presunto delito de blanqueo relacionado con el tráfico de drogas. Su despacho y su casa fueron registrados el lunes durante más de quince horas por una pieza separada derivada de la operación contra el narco Sito Miñanco , detenido en febrero de 2018.
La Policía acusa al letrado de haber diseñado una operación con pagarés y contratos para recuperar los 900.000 euros que les habían incautado en febrero de 2017 a cinco «mulas» de la organización del narcotraficante en el aeropuerto de Barajas. Ese dinero procedía del tráfico de cocaína, según los investigadores.
La magistrada no impuso ninguna medida cautelar al letrado, que no declaró, sino que dio por reproducido lo explicado en el escrito que presentó el pasado 31 de julio, tras las acusaciones vertidas por un «arrepentido». La Fiscalía había solicitado que Boye compareciera en el juzgado cada quince días. «No tengo nada que ver con el blanqueo de capitales (...) No van a encontrar ningún indicio de criminalidad», aseguró ayer el abogado.
El pasado 24 de julio el colombiano Manuel Andrés P. S., alias «Gordo» uno de los 42 detenidos en la operación contra Miñanco, pidió declarar de nuevo ante la juez y la Fiscalía Antidroga. Acusó al letrado de ser el artífice de «producir» los documentos junto a otro abogado para justificar que los casi 900.000 euros intervenidos en Barajas tenían un origen lícito. Para ello, él mismo y otros miembros de la organización, incluido Miñanco, mantuvieron varias reuniones con Boye . Gordo, el supuesto jefe de los «muleros» a quien le había entregado el dinero Arango, mano derecha de Sito Miñanco, explicó su versión. «Estaba Gonzalo el abogado, y había otro abogado que se llama Jesús. Son los tres, no se cómo se llamaban(...) Jesús tenía unos pagarés, que decía que con eso había reclamado otro dinero que también habían incautado anteriormente».
La supuesta operación de blanqueo para recuperar el dinero no fructificó. El Sepblac detectó que esos pagarés ya se habían utilizado antes para una operación similar. Mientras se diseñaba ese supuesto operativo, la Policía seguía de cerca los pasos de Miñanco y los suyos, que tenían intervenidos los teléfonos y eran sometidos a un estrecho seguimiento. Pero Boye, abogado del narco, no estaba entonces entre los objetivos.
«Para justificar el dinero él se inventa los contratos de los préstamos», sostuvo el «arrepentido», que salió de prisión dos días después.
Boye mantiene que él solo reclamó a su cliente que aportara documentación para acreditar el origen del dinero y este (Sito Miñanco) le entregó 15 contratos que suscribió ante notario.
Quien lo acusa —que aparece en la causa vinculado a un asesinato en Colombia— dice que se llegó a un acuerdo de pago de 90.000 euros: «30.000 en el momento de la entrega de documentos» con los que iban a recuperar el dinero. Esas cantidades aparecieron anotadas durante los registros de 2018. Boye asegura que a él le entregaron contratos firmados entre particulares y no tenía obligación de verificar si eran ciertos o no y argumenta que además está sujeto al secreto profesional. Hoy se hará un volcado de su móvil y su correo en el Juzgado.
