PINCHO DE TORTILLA Y CAÑA
Borrachera de poder
«Urge que la política retire sus sucias manos de la Administración de Justicia»
Hay dos maneras de evitar que un poncio de la cosa pública acabe ebrio de poder. La primera es que sus propios límites, los dictados de su conciencia, le sujeten a una conducta mesurada. La segunda, que los mecanismos de control del sistema vigilen sus excesos y neutralicen sus tendencias despóticas. Nuestro poncio particular, el Revenant que ha hecho del manual de resistencia su vademécum, ya ha demostrado sobradamente que sus límites -si los tiene- son de una laxitud exagerada y ahora se dispone a neutralizar la acción de los contrapoderes encargados de bajarle los humos. Sánchez sufre la patología típica del mal de altura, agravada por dos circunstancias que amplifican las consecuencias devastadoras de la enfermedad: un ego de dimensiones elefantiásicas y una cohorte de sumisos lacayos dispuestos a romperse el espinazo en cada reverencia. Uno de los espectáculos más pavorosos de este inicio de legislatura ha sido la facilidad con que Podemos se ha reconvertido en un rebaño de pastueños siseñores dispuestos a lo que haga falta con tal de compartir las estrecheces de la nueva y abigarrada mesa del Consejo de Ministros.
De aquel partido que surgió de la rebelión cívica del 15-M, al grito del «no nos representan», solo queda el atavío descorbatado de Iglesias y las rastas de alguno de sus palmeros. Acomodados en los asientos de primera de la casta que venían a combatir, su apología de la regeneración se ha convertido en una leve sicofonía que atormenta su mala conciencia. Ahí están los nombramientos de Dolores Delgado y José Félix Tezanos -dos de las bestias negras del zoológico de fieras prohibidas por el manual podemita- para acreditar la amplitud de sus tragaderas. Es sabido que Sánchez no quería a Podemos en su gobierno ni en pintura, pero cuando la obstinación de las urnas le hizo entender que lo mejor para él era cambiar de criterio se impuso la obligación de dejar bien claro desde el principio quién ostentaba el mando. Vació de competencias las exigencias de Iglesias, hasta dejarlas reducidas a la nada, y a él lo emparedó en el banco azul entre Carmen Calvo, otrora látigo del populismo podemita, y Nadia Calviño, cancerbera de la ortodoxia económica que tanto execraba en su vida anterior. Iglesias, no obstante, aceptó el trato sin inmutarse, dejando claro que estaba dispuesto a rendir el juicio ante el macho alfa de la manada gubernamental sin oponer resistencia. El cachito de cielo que su postración servil le ha granjeado compensa con creces, según parece, el sacrificio de convertir a su partido en una sombra invisible de la escena pública.
La facilidad con que el líder comunista ha dicho a todo que sí ha debido provocar en Sánchez la falsa impresión de que la tarea de secuestrar voluntades desde la presidencia del gobierno es pan comido. ¿Por qué no iban aceptar los jueces con la misma complacencia el aterrizaje de su ministra de Justicia en la cúpula de la carrera fiscal? Dado que según la reglas de nuevo orden la política está por encima de la ley, nada más lógico que el poder ejecutivo dinamite la independencia del judicial. En este contexto, el PSOE urge a los partidos de la oposición a renovar los vocales del CGPJ que deben elegir, entre otros muchos cargos judiciales, a tres magistrados de la Sala Segunda -pieza clave para hacer posible la desjudicialización del conflicto catalán que Sánchez le ha prometido a ERC- y al mismísimo presidente del Tribunal Supremo. Pincho de tortilla y caña a que con una mayoría progresista en el órgano de gobierno de los jueces, la tentación del ejecutivo de mover los hilos del judicial se volvería irresistible. Por eso urge que la política retire sus sucias manos de la administración de Justicia. El cambio de sistema de elección de los vocales del CGPJ, defendido hasta ahora por PP, Vox, Ciudadanos (¡y Podemos!) debe ser la prioridad del Parlamento. Mucho más antidemocrático que el bloqueo institucional que denuncia Sánchez es su intento de secuestrar a un poder del Estado.
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