ESTADO DE ALARMA: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Batet paraliza los plazos que obligan al Gobierno a contestar a la oposición pese al estado de alarma
PP y Vox denuncian que la iniciativa es un nuevo intento de silenciar al bloque de la derecha
Nueva vuelta de tuerca a las restricciones que encara la oposición para ejercer su labor de control al Gobierno en el Congreso. La Mesa de la Cámara, a propuesta de la presidenta Meritxell Batet, ha aprobado esta mañana paralizar los plazos que obligan al Gobierno a responder las preguntas escritas de la oposición en veinte días prorrogables por otros veinte, y a entregar informes, datos o documentos requeridos por los diputados antes de treinta días.
La decisión contempla la paralización de los plazos desde el día 13 de marzo y su extensión «hasta que la Mesa levante la suspensión». Esto es, durante la vigencia del estado de alarma como mínimo.
Sin sesiones de control, ni comparecencias del Gobierno salvo las que éste decida realizar a petición propia, las dificultades de la oposición para fiscalizar al Ejecutivo en esta crisis son ya considerables. Añadir a ello la paralización de los plazos obligatorios para la contestación por escrito o la entrega de documentación, reduce aún más las cuentas que el Ejecutivo socialista tendrá que rendir a la oposición precisamente cuando la transparencia es más necesaria: en plena emergencia sanitaria y estado de alarma.
Fuentes de la Presidencia insisten en que «el Gobierno va a seguir respondiendo preguntas» aunque pierda la obligación de hacerlo, y que el objetivo de la paralización es dar más tiempo para contestar dado que el trabajo presencial se ha restringido al máximo en los ministerios. También recuerdan que el Senado ha adoptado esta semana la misma iniciativa.
Sin embargo, ni al PP ni a Vox convencen estos argumentos. Ambos grupos han votado en contra de una medida que no ha contado con unanimidad y que ha salido adelante solo con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, que controlan la mayoría de la Mesa.
El partido que preside Pablo Casado insiste en que cuanta mayor sea la crisis, mayor debe ser el funcionamiento del Congreso y no al revés. En esta línea, teme que la medida pretenda silenciar a la oposición. Por su parte, el grupo que encabeza Santiago Abascal denuncia un intento de amordazar a la oposición en el Congreso.
La paralización de los plazos reglamentarios afecta «a todas las medidas que se encuentren en tramitación en la Cámara», es decir, también a las proposiciones de ley. Sin embargo, en este caso la suspensión es lógica, a diferencia de lo que sucede con las preguntas escritas y la entrega de documentación.
No en vano, al estar suspendida toda la actividad parlamentaria no indispensable, la tramitación legislativa no puede continuar y los grupos se están viendo obligados a pedir prórrogas de los plazos cada semana.
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