La Asociación de Fiscales tacha de «inaceptable» que se decida premiar a Delgado de espaldas a la carrera

La Asociación de Fiscales considera «inaceptable» la introducción de tapadillo de la enmienda que premia a la fiscal general con el reconocimiento de fiscal de sala cuando se produzca su cese. Y ello porque se ha hecho «sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación» al Consejo Fiscal, a las asociaciones fiscales y, en general, a toda la carrera fiscal. En un comunicado, este jueves, la asociación mayoritaria sostiene, como señaló ayer su presidenta, Cristina Dexeus, en declaraciones a ABC, que la reforma «denota el interés en beneficiar directamente a la actual fiscal general, Dolores Delgado, »dándole una salida al cese de su mandato, creando, en definitiva, una solución 'ad hoc', que no puede ser la finalidad última de una norma«.

La asociación recuerda que en el año 2018, siendo ministra de Justicia Delgado, intentó incluir una previsión idéntica en el proyecto de Reglamento de la Carrera Fiscal, lo que dio lugar a la unánime reprobación por considerar que una reforma de tal calado no debía introducirse a través del reglamento sino por reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sin pronunciarse sobre la conveniencia o no de tal ascenso cuestión íntimamente ligada a los requisitos para ser nombrado FGE, de lo que se nos está privando actualmente.«Debemos insistir en que en ningún momento la Asociación de Fiscales ni el Consejo Fiscal mostraron su conformidad con tal extremo», apunta. Además, critican el hecho de que el Gobierno se inmiscuya en la conformación de la primera categoría.

La AF critica que se justifique la reforma en la necesidad de adaptarla a los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) en el sentido de fortalecer la autonomía e independencia del fiscal general. «Dicha afirmación no es cierta», dice. Como informó ABC, el Greco recomienda reconsiderar el método de selección y duración del mandato del fiscal general, es decir, modificar la forma de elección para que el elegido goce de mayor independencia y cuyo mandato no esté ligado al del Gobierno; aumentar la autonomía financiera de la Fiscalía; mayor autonomía en la formación de fiscales; autonomía de gestión del Ministerio Fiscal respecto al Ministerio de Justicia «como garantía fundamental para la independencia y eficacia de la Fiscalía»; la constitución de la Comisión de Ética Fiscal («suspendida unilateralmente por la fiscal general») o una profunda revisión del régimen disciplinario de los fiscales (y sin embargo, no se suprime la competencia del ministro de Justicia para imponer la sanción de separación del servicio, manteniendo una clara injerencia del Gobierno).

Sobre las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno, la asociación mayoritaria reconoce que el Greco recomienda clarificar la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno «para garantizar la transparencia y la publicidad, y que la reforma impone la forma escrita, lo que constituye un avance« . Sin embargo, incluye novedosamente que el fiscal general se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no sólo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer. Para la AF, esa previsión «supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la Nación».