Asociaciones de fiscales ven claro que la enmienda está dando una «salida de urgencia» a Delgado
El Greco no ha recomendado nunca que un fiscal general tenga que ser premiado con la primera categoría tras su cese; sí la necesidad de reforzar su independencia y transparencia
Cuando aún no se ha cerrado ninguno de los frentes abiertos contra la fiscal general, Dolores Delgado -como su política de nombramientos, el caso Stampa, o más recientemente el enfrentamiento con la Fiscalía Europea-, la introducción de una enmienda que le garantiza su futuro como fiscal de Sala vuelve a avivar la polémica. Una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal incluida en una ley concursal establece que una vez se produzca el cese del fiscal general, adquirirá la categoría de fiscal de Sala, es decir, la máxima de la carrera, que supone pasar a formar parte de la Junta de Fiscales, el órgano que asesor al fiscal general en asuntos de especial trascendencia.
Desde la Unión Progresista de Fiscales, la asociación en la que 'militó' activamente Delgado antes de convertirse en ministra, su portavoz, Inés Herreros, no entiende el revuelo que ha generado esta circunstancia en las otras dos asociaciones de fiscales y en los partidos de la oposición, pues no es la primera vez que se aborda esta cuestión. Ya se discutió fue con motivo del nombramiento de la antecesora de Delgado en la Fiscalía General, María José Segarra siendo ministra la propia Dolores Delgado.
Fue entonces, en mayo de 2019, cuando se puso sobre la mesa la necesidad de que una vez vencido el mandato de un fiscal general que no provenía de primera categoría, tuviera que volver a su Fiscalía de origen. En el caso de Segarra era la jefatura de la de Sevilla. Siendo Delgado ministra (y excompañera de batallas con Segarra en la UPF) se intentó llevar a cabo esta reforma vía reglamento, pero el Consejo Fiscal lo echó para atrás al considerar que la reforma se tendría que llevar a cabo por ley a través de la reforma de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El asunto quedó parado ahí. Y tanto fue así que desde que, tras cesar Segarra, volvió a su destino hasta que Delgado decidió proponerla como fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores en noviembre de 2020.
El asunto de la «recompensa» para un fiscal general, lo que a efectos económicos puede traducirse en más de mil euros respecto a un fiscal de segunda categoría, quedó ahí. Hasta ahora, cuando ha trascendido la introducción de esta enmienda 'de tapadillo', algo que tanto la Asociación de Fiscales como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales aseguran que desconocían pese a ser un asunto que afecta de lleno a la carrera y sobre elque tiene derecho a opinar.
Tanto Cristina Dexeus (AF) como Salvador Viada (APIF) comparten que se está intentando dar una salida de urgencia a la fiscal general. «Solo así se entiende que esta reforma no se haga más adelante en el marco de una reforma global del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que necesariamente habrá que tocar» para blindar al Ministerio Público cuando asuma la investigación de las causas penales, algo que está previsto que ocurra con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comenta Dexeus. La portavoz de la asociación mayoritaria asegura que se está intentando confundir a la opinión pública disfrazando la urgencia de esta reforma con unas supuestas recomendaciones de los informes de Greco (Consejo de Europa) que nada dicen sobre este ascenso, sino sobre el otro de los puntos del Estatuto que se reforma, el relativo a la transparencia de las comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno.
Viada, por su parte, apunta que la promoción de la fiscal general a la máxima categoría de la carrera fiscal «no es algo que le haga ninguna falta, ni produzca ningún beneficio, al Ministerio Fiscal». Por eso cree que es un «despropósito». Respecto a la introducción de la posibilidad de que el fiscal general informe al Gobierno de los asuntos que considere de importancia para el propio Ejecutivo, opina que «nos devuelve a la concepción totalitaria de Ministerio Fiscal, como órgano del Gobierno en los Tribunales».
Sin embargo, como recuerda Dexeus, el último informe Greco, del que el pasado 30 de septiembre informó ABC, no dice nada sobre la necesidad de promocionar al fiscal general a primera categoría si no la tuviera, sino que el Gobierno español tampoco le informó de ese plan.
Respecto a la Fiscalía, Greco había recomendado reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general, establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno y estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal. «Dado que la relación entre la Fiscal General y el Ejecutivo es una cuestión que sigue siendo objeto de críticas públicas en España, en cuanto a la percepción de su independencia la transparencia de la comunicación entre la Fiscal General y el Gobierno resulta clave« , señalaba el informe.
