Armengol sopesa destituir al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, investigado por presunta corrupción
Joan Gual de Torrella defiende su gestión y dice que no dimitirá, pero los socios de la mandataria socialista exigen su cese
El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, que está siendo investigado en un caso de presunta corrupción , ha defendido este miércoles su buena gestión en la reunión del consejo de administración celebrada a primera hora de la tarde. Gual de Torrella ha expresado su voluntad de seguir en el cargo y de no dimitir, pero el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol podría optar por destituirle esta misma semana, previsiblemente el próximo viernes.
Cabe recordar que la Guardia Civil detuvo entre el jueves y el viernes de la pasada semana a Gual de Torrella y a otros cuatro altos cargos de la APB, en el marco de una operación promovida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Al parecer, se estarían investigando en este caso una adjudicación supuestamente irregular de amarres en Menorca y alguna otra actuación presuntamente sospechosa en la misma línea.
Además de Gual de Torrella, fueron arrestados el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza; y los directivos José Fernando Berenguer y Armando Parada. La Guardia Civil les imputó los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración Pública . De los cinco, el vicepresidente de la APB quedó ya en libertad con cargos el viernes por la tarde, mientras que los cuatro restantes lo hicieron en la madrugada del sábado. Previamente, el viernes al mediodía, la portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, había indicado que el Govern desconocía en aquel momento los pormenores de la nueva actuación impulsada desde Anticorrupción.
Decisión inminente
Gual de Torrella tomó posesión de su cargo como presidente de la Autoridad Portuaria en agosto de 2015, recién iniciado el primer mandato de Armengol como presidenta del Govern. Fue precisamente la mandataria socialista quien propuso a Gual de Torrella como nuevo responsable de la APB hace cinco años. Armengol parecía inicialmente poco proclive a destituirle ahora, a pesar de su imputación, pero la posición de sus propios socios en el Govern —Unidas Podemos y MÉS per Mallorca—, que exigen su cese, parece haber cerrado el camino a la posible continuidad de Gual de Torrella.
«Cuando se tenga que tomar cualquier decisión, el Govern estará a la altura de las circunstancias y la tomará en el Consejo de Gobierno», había afirmado Armengol este mediodía, unas horas antes del consejo de administración celebrado en la Autoridad Portuaria. Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento balear, Biel Company, ha pedido la comparecencia urgente de Armengol ante la Diputación Permanente, en una reunión que en principio se celebraría el próximo viernes.
En paralelo a las mencionadas detenciones de la cúpula de la Autoridad Portuaria, a lo largo de la jornada del pasado viernes fueron registradas la sede de la APB en Palma y las oficinas de las delegaciones de Ibiza y de Mahón, con el objetivo de recabar distinta documentación digital y en papel. Además, fue registrado también el Club Náutico Ibiza. Los registros en la sede de Palma, efectuados por la Guardia Civil, contaron con la presencia de la jueza Martina Mora y de la fiscal Anticorrupción Laura Pellón.
Un primer caso
Cabe recordar que con anterioridad a este caso de presunta corrupción, la Autoridad Portuaria de Baleares fue objeto de otra investigación judicial hace una década, el denominado caso Mar Blau . En dicha causa se investigaban presuntas irregularidades en varias adjudicaciones realizadas por la APB entre 2005 y 2008. En ese periodo de tiempo, este organismo estuvo presidido primero por el popular Joan Verger, ya fallecido, y luego por el socialista Francesc Triay.
Las indagaciones en el marco del caso Mar Blau se iniciaron a finales de 2010, si bien el juicio no se celebró hasta enero del pasado año, con 12 personas sentadas en el banquillo. Finalmente, sólo se impusieron multas menores a tres de los encausados, tras el acuerdo de conformidad al que habían llegado poco antes la Fiscalía y las defensas. Los otros nueve acusados fueron absueltos, incluido Triay.
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