Anticorrupción ya tiene sobre la mesa tres denuncias por tráfico de influencias contra Ayuso
Más Madrid, PSM y Unidas Podemos apuntan también cohecho y malversación
Editorial ABC | La única salida
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Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, Más Madrid, el Partido Socialista de Madrid (PSM)y Unidas Podemos, han presentado este viernes tres denuncias para instar a la Fiscalía Anticorrupción a investigar la adjudicación del contrato de mascarillas a un amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la sospecha además de que pudiera haber cobrado comisión su hermano Tomás, la misma que desde Génova cifran en 283.000 euros . Los delitos: tráfico de influencias, prevaricación y malversación y la sospecha, que hubo más contratos, esta vez entre él y la Administración, en los que salió beneficiado.
Aunque de admitirse a trámite, las tres denuncias acabarán siendo acumuladas en un sólo procedimiento , los grupos han decidido acudir por separado y sus textos, aunque coinciden en líneas generales, presentan particularidades. En el caso del PSM, se cuestiona que una empresa que no se dedicaba al ámbito sanitario resultase adjudicataria de un contrato de más de un millón y medio de euros en abril de 2020. «¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil?», plantean a Anticorrupción.
Concluyen, tras repasar las revelaciones de la propia Ayuso en sus comparecencias de las últimas 24 horas y la que emana desde el propio Partido Popular, que «debería ser objeto de investigación cuál es la razón de que el contrato fuera adjudicado a una empresa sin experiencia en el sector sanitario; si esta adjudicación obedeció a la relación de amistad entre la Presidenta y su hermano con los responsables de la misma o a la intermediación de este con la Comunidad de Madrid, por la que cobró una comisión; y cual y en que ha consistido la intermediación de D. Tomás Díaz Ayuso».
En Más Madrid, su portavoz, Mónica García , hablaba a las puertas de Anticorrupción de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos, así como de cohecho. En la denuncia, aportan una batería de mensajes que ella misma, como el fundador del partido Iñigo Errejón , habrían recibido en noviembre de 2021 desde un teléfono cuyo titular no identifican alertando de la irregularidad de aquella adjudicación y pidiendo ayuda para denunciarla.
«Dichas informaciones fueron estudiadas por el responsable jurídico de Más Madrid sin que se observaran elementos suficientes para darle la veracidad a las informaciones recibidas, al menos no en grado suficiente como para ponerlas en conocimiento del Ministerio Fiscal», detallan. La información fue revelada aquel mismo mes por eldiario.es pero la formación no llegó a presentar denuncia.
Suman a aquello la información publicada ayer por ABC que cifraba en fuentes de Génova por encima de los 280.000 euros la presunta comisión cobrada por el hermano de Díaz Ayuso y piden una investigación porque entienden que ahora sí, hay «suficiente indicio de la existencia» de los distintos delitos que mencionan.
Por último, en Unidas Podemos apuntan también a tráfico de influencias y abren el elenco al propio Díaz Ayuso, en tanto que el Código Penal también persigue al particular que ejerciese esa presión sobre un funcionario público para inclinar una balanza en su favor.
«Todos los elementos parecen señalar, indiciariamente, que la meritada adjudicación se realizó por la mediación de D. Tomás ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía (y preside) su hermana, mediación a cambio de la cual habría recibido una comisión por parte de la adjudicataria, que, por su falta de experiencia y por el excesivo coste de las mercancías habría generado un excesivo coste para las arcas públicas».
La dificultad probatoria
Ahora, la pelota está en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción, que estudiará las denuncias y decidirá si incoa o no una investigación sobre la adjudicación y ese posible tráfico de influencias que se apunta. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, se trataría de una conducta difícilmente acreditable, pues tendría que haber ordenado a la responsable de la Consejería de Sanidad que adjudicó el contrato, la concesión a esa empresa concreta.
Ocurre lo mismo en el nivel inferior: habría que demostrar que el hermano influyó en algún funcionario de la Administración Pública para conseguir aquel contrato a la empresa de su amigo y así, recibir a cambio un pago.
Es en esa intermediación ya reconocida por la presidenta, de Tomás Díaz Ayuso, donde se encuentra por tanto el foco: qué alcance tuvo, en qué consistió y si se cruzó esa línea del tráfico de influencias. Entre tanto, el mero hecho de facturar por la intermediación en un contrato, incluso siendo la cuantía que apunta Génova, no reviste de carácter delictivo.
Una vez presentadas las denuncias, habrá que esperar a que sean analizadas. No está claro que el asunto se vaya a quedar en Anticorrupción pues aunque los escritos no se dirigen contra Díaz Ayuso directamente, el relato de los hechos la involucra . La presidenta de la Comunidad, por serlo, está aforada ante el Tribunal Supremo por lo que no es de descartar, en esta fase embrionaria, que las denuncias de los grupos parlamentarios acaben allí.
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