Anticorrupción interroga al amigo del hermano de Ayuso por el contrato de mascarillas
Daniel Alcázar comparece con su abogado en la recta final de las diligencias de investigación
Daniel Alcázar, amigo del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha prestado declaración este lunes en la Fiscalía Anticorrupción en el contexto de la investigación que sigue por un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros del gobierno regional adjudicado a su empresa, Priviet Sportive, en la primera ola de la pandemia.
Acompañado de su abogado, Alcázar ha sido interrogado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a primera hora de la mañana en la recta final de estas diligencias que se incoaron por decreto el pasado mes de febrero tras una denuncia de los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid por los fondos que de esa empresa había recibido Tomás Díaz Ayuso, bajo sospecha de que se tratase de una comisión fruto de un tráfico de influencias para que el empresario consiguiese el contrato.
Según informaron a ABC en fuentes fiscales, Alcázar, que ya proporcionó la documentación del contrato que le fue requerida, ha comparecido en calidad de testigo, si bien acompañado de su letrado, para explicar los detalles de aquella adjudicación.
En la actualidad son dos las investigaciones fiscales en curso por el mismo contrato. La Fiscalía Anticorrupción analiza si se cometió un tráfico de influencias o un ilícito de corrupción entre particulares. Mientras , la Fiscalía Europea analiza un posible fraude a las subvenciones comunitarias , ya que aquel millón y medio de euros en material sanitario se repercutió a los fondos Feder.
Anticorrupción ya tomó declaración a Tomás Díaz Ayuso la semana del 6 de abril, cuando compareció para esclarecer si jugó algún tipo de papel en aquella adjudicación y por qué facturó a la empresa después del contrato. Según la versión de la presidenta regional, fueron en total 55.580 euros pero no por su intermediación con la Comunidad de Madrid, sino por los servicios que prestó a Priviet Sportive para que consiguiese importar las 250.000 mascarillas pactadas en China y llevarlas hasta el Pabellón 10 de Ifema, donde fueron recepcionadas.
Declaraciones y documentación
En aquellas mismas fechas compareció como testigo el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Tal y como informó ABC, defendió la legalidad de la adjudicación y explicó que fue un organismo dependiente de su consejería, el Servicio Madrileño de Salud, quien hizo la compra. Se produjo por la vía de emergencia, es decir, sin concurso ni publicidad, como estaba amparado por el Estado de alarma. Una vez se había materializado, el contrato pasó por el Consejo de Gobierno para su toma de conocimiento, pero no antes.
Además, por Anticorrupción han desfilado media docena de funcionarios, de acuerdo a las fuentes consultadas, que fueron interrogados sobre los pormenores del contrato y el sistema de adjudicación. Los interrogatorios fueron breves, en algunos casos de duración inferior a diez minutos, y de carácter técnico. También se ha analizado ingente documentación, entre la aportada y requerida a la Comunidad de Madrid y la solicitada tanto al propio Alcázar como a Tomás Díaz Ayuso.
De acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, las diligencias están ya muy avanzadas y la previsión es que la investigación culmine antes del mes de agosto, ya sea para archivar las pesquisas si ha quedado esclarecido que no hay indicios de delito, ya sea para presentarlas ante un juzgado en forma de denuncia o de querella.
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