Abren una vía legal para que no prescriban 200 asesinatos de ETA
La asociación de víctimas Dignidad y Justicia defiende ante la Audiencia Nacional que esos crímenes terroristas no han prescrito, como provocó la reforma aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2010
La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) ha iniciado una estrategia legal para reabrir o impedir que prescriban hasta 430 asesinatos terroristas en España o contra españoles, casi 200 de ellos a manos de ETA . Ese es uno de los objetivos del detallado informe que DyJ presentó el pasado día 12 ante la Audiencia Nacional en el marco de una de las causas en las que está personada esta asociación, como es la reapertura del caso de Miguel Ángel Blanco para juzgar no sólo a los autores materiales del secuestro y asesinato del joven concejal del PP en 1997, que ya fueron condenados, sino también a los responsables intelectuales.
Una de las vías que plantea este informe es acabar con la prescripción de esos más de 400 asesinatos cometidos por ETA, los Grapo, el IRA o el yihadismo. Todos ellos entre finales de 1990 y 2010 , cuando el Gobierno de Zapatero aprobó una reforma legal a partir de la cual los crímenes terroristas no prescriben. El problema es que no incluyó los cometidos antes del 23 de diciembre de 2010, cuando entró en vigor esa reforma en el Código Penal.
DyJ explica que hay legislación y jurisprudencia internacional de sobra para que esa reforma del Gobierno de Zapatero, que se aprobó «en plenas negociaciones con ETA», afecte también a los asesinatos terroristas durante los 20 años anteriores, que era el plazo de prescripción para esos crímenes.
Y, por tanto, no habría prescrito ni prescribiría ninguno de los perpetrados entre diciembre de 1990 y 2010. DyJ se apoya en el Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad (1974), que forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según ese tratado, no prescriben como mínimo los crímenes contra la humanidad o de guerra, además de otros similares que cada país decida, como por ejemplo los asesinatos terroristas. Es ahí donde encajarían los de ETA.
Esa normativa europea añade que la no prescripción afecta también a los crímenes terroristas que no hubieran prescrito cuando el país en cuestión incluye dicha medida en su ordenamiento jurídico. Como en España entró en vigor en diciembre de 2010 y el plazo de prescripción era de 20 años, DyJ defiende que la no prescripción alcanzaría a los atentados mortales desde finales de 1990 . Al fijar diciembre de 2010 como referencia, la reforma de Zapatero mantuvo la prescripción y su consiguiente impunidad para todos los asesinatos en las dos últimas décadas de ETA, pues el último lo cometió nueve meses antes, en marzo de ese año, en Francia.
Así, ya han prescrito o prescribirán en los próximos años hasta 198 crímenes de ETA, más de la cuarta parte (55) totalmente impunes porque no se ha juzgado a nadie por ellos. Sin ir más lejos, los dos últimos que cometió en España con el atentado de Palmanova (Mallorca) en 2009. También 225 crímenes yihadistas, casi todos durante el 11-M en Madrid. La cifra de 430 que esta asociación enumera uno por uno en el anexo de su informe se completa con cinco atentados de los Grapo y el del IRA en Omagh (Irlanda del Norte) en 1998, donde murieron dos españoles.
Dignidad y Justicia considera que, al ignorar la normativa europea para dejar fuera de la no prescripción esos crímenes entre 1990 y 2010, el Gobierno de Zapatero provocó «el mayor daño legislativo al conjunto de las víctimas de ETA y del terrorismo en este país». Por eso esta asociación ha abierto esa vía ante la Justicia española para enmendar lo que tilda de «entuerto y abuso omisivo en perjuicio de todas las víctimas».
El informe, al que ha tenido acceso ABC, añade que aquella maniobra del anterior Gobierno del PSOE, en los estertores del mandato de Zapatero, ha supuesto un «escudo de impunidad» prolongada en el tiempo para decenas de «asesinos de ETA que resultaron así muy favorecidos».
Al Tribunal Supremo
La estrategia de DyJ es iniciar esta vía ante la Audiencia Nacional, como ya hizo hace dos semanas, para que se pronuncie al respecto. Dependiendo de si le da la razón o no, la propia asociación o las defensas de presos y exjefes de ETA afectados acudirán en casación al Tribunal Supremo para que resuelva y siente así una jurisprudencia que afectaría a esos más de 400 casos.
Algo que permitiría perseguir y juzgar a los responsables de todos los crímenes terroristas en España antes de abril de 2002, que actualmente ya se consideran prescritos por la reforma de Zapatero. Y también evitar que ocurra lo mismo con otros, como el 11-M, que prescribe en menos de dos años.
DyJ insiste en que con su tesis «nada se aplica retroactivamente a lo ya cerrado, pues no lo estaba», por esos 430 crímenes que la reforma de Zapatero dejó fuera de la no prescripción tras el último asesinato de ETA.
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