Un 65 por ciento de jueces y 52 de fiscales secundan la huelga del sistema judicial
Los profesionales reivindican mejoras en sus condiciones laborales y un reforzamiento de la independencia de los jueces
Los jueces y fiscales han desarrollado hoy la primera huelga conjunta del sector, con un notable seguimiento, para reivindicar la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y mejores condiciones laborales. Una jornada inédita en la Administración de Justicia por la unanimidad que han tenido los colectivos.
El comité de huelga ha estimado que la protesta ha sido secundada por un total de 3.537 jueces –el 65% de la carrera judicial– y 1.297 fiscales –el 52% del todo el colectivo– , según han expresado en un comunicado. En Madrid, el TSJM ha comunicado una participación del 49% (361 jueces de 743). Por su parte, en Cataluña, el TSJC estima un apoyo del 62% (450 jueces de 743).
No obstante, la cifra difiere de la que el propio CGPJ ha remitido en un informe en el que se asegura que sólo son 2.916 el número de jueces y magistrados que no han acudido a trabajar.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado su intención de dialogar con las siete asociaciones del sector para seguir avanzando hacia «un acuerdo que constribuya a la mejora y modernización del servicio público de la Justicia». En un comunicado emitido por Justicia también aseguran que «las 18 demandas profesionales plateadas están siendo objeto de negociación», así como que pronto serán «una realidad».
Sin embargo, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha denunciado hoy en la rueda de prensa un intento de boicot por parte del Ministerio de Justicia a la huelga convocada por las siete asociaciones de jueces y fiscales. «El Ministerio de Justicia llamó ayer a los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para que no facilitaran datos de las suspensiones», han revelado.
El comité ha explicado, durante la convocatoria de prensa en los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid, a la una de la tarde, que se ha habilitado un correo electrónico para contrarrestar las trabas del Gobierno. Así, los jueces y fiscales que han secundado la huelga han enviado un mensaje para poder contabilizar así el número de participantes. El buzón se ha colapsado ha primera hora de la mañana por lo que los datos aun pueden aumentar.
Por otra parte, los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia han suscrito este martes una declaración en la que explican que no pueden participar por su «posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial», pero en la que muestran su «solidaridad con las asociaciones firmantes» porque «la Administración de Justicia sufre carencias que el Ejecutivo sigue sin corregir».
Todos los colectivos en bloque –Foro Judicial Independiente (FJI) junto a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– enviaron en abril un comunicado al CGPJ y al Ministerio de Justicia con 19 propuestas para mejorar la Administración . Sin embargo, la pasividad del Ejecutivo les obligó hoy –según explican– a continuar con el calendario de movilizaciones.
Mejores condiciones laborales
El comité de huelga volvió a recordar que tampoco se ha convocado la Mesa de Retribuciones que se reivindicó en el último comunicado de abril y que tiene como objetivo «reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años». A raíz de la crisis económica el sueldo del colectivo se redujo un 10%, pero en los últimos años la recuperación del país ha permitido que la función pública recuperase su salario. No es el caso de los jueces.
«Pensamos que no es descabellado pedir lo que un día se nos retuvo», explica ABC Celso Rodríguez Padrón, portavoz de Asociación Profesional de la Magistratura (APM), colectivo mayoritario. «Somos conscientes de que no pueden articularse partidas de recuperación absoluta en los Presupuestos Generales de Estado, pero lo que pedimos es un plan de recuperación salarial progresivo», añade. Según Raimundo Prado, portavoz de AJFV, sería «vergonzoso» quedarse sin la subida salarial en los Presupuestos Generales de Estado que se aprobarán proximamente en el Congreso.
Asimismo, el comunicado también engloba peticiones que van desde la modernización de los edificios de Justicia hasta derechos corporativos del sector como la recuperación del régimen de vacaciones reducido en 2012, aumentar los 15 días de permiso por paternidad , equiparar el número de creación de plazas anuales a la media europea y la implantación de cargas máximas de trabajo para dar una mejor respuesta a los ciudadanos.
Más independencia judicial
«La estructura está afectada, mientras no haya una separación verdadera de poderes la democracia peligra», explica a ABC Concepción Rodríguez González del Real, presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), en referencia al sistema de elección parlamentaria de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) introducido con la reforma de la Ley del Poder Judicial impulsada en 2013 por el Partido Popular.
Precisamente el lunes, la juez Mercedes Alaya , magistrada de la Audiencia de Sevilla, quien destapó los falsos ERE de la Junta de Andalucía, aseguró en una entrevista exclusiva a ABC que el sistema judicial en España está amenazado por el poder ejecutivo.
«Que a los vocales CGPJ los nombren los partidos políticos nos hace un daño tremendo porque la gente piensa que lo hacen por afinidad ideológica aunque no sea así», explica ABC Celso Rodríguez Padrón, portavoz de Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que asegura que España tiene un grado de independencia en sus tribunales «excelente», pero que el problema reside en que existe una «percepción social» equivocada. También considera que esta sensación se ha intensificado por el número de delitos de corrupción que han llevado a la Justicia a estar «en el punto de mira por creer que se otorga trato preferente a ricos y políticos».
En este contexto, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), perteneciente a la Comisión Europea, lleva años reprochando a España que 12 de los 20 vocales del CGPJ no sean elegidos por sus pares.
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