El PP alega la «doctrina Botín» para no ser responsable civil subsidiario por la caja B

El Partido Popular ha alegado la conocida como «doctrina Botin» para evitar ser juzgado como responsable civil subsidiario por la contabilidad B que, según han constatado el juez Pablo Ruz y su sucesor en la Audiencia Nacional José de la Mata, manejaron sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta durante dieciocho años. La defensa de la formación política ha presentado un recurso de apelación contra el auto de apertura del juicio oral del juez De la Mata, en el que el magistrado le exigía además una fianza de 1,2 millones de euros.

La defensa de la formación política argumenta que las acusaciones populares no pueden –no tienen legitimación activa- para exigir la devolución del dinero de un supuesto delito fiscal cuando «el supuesto perjudicado», en este caso la Fiscalía y la Agencia Tributaria, han renunciado a ello. Este argumento encaja con la doctrina que aplicó el Tribunal Supremo en el año 2008 sobre un supuesto delito fiscal del fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín.

Además, el escrito del PP defiende que no existe ni siquiera el delito fiscal por el que tendría que responder: por los tributos dejados de abonar a Hacienda en 2008 por las donaciones irregulares que recibió la formación, como constan en los llamados papeles de Bárcenas. La defensa del partido político ha alegado durante toda la instrucción que las donaciones a los partidos políticos, incluso irregulares u opacas, están exentas de tributación, una posición con la que coincide Hacienda.

A pesar de ello, y de que la Agencia Tributaria haya expresado en varias ocasiones que no existe delito por tales donaciones, el juez Ruz argumentó en su día que la exención fiscal no se aplica a donaciones que no sean transparentes, una posición que asumió su sucesor De la Mata, como quedó reflejado en el auto de apertura de juicio oral. El PP esgrime además que los conocidos como «papeles de Bárcenas» no tienen ninguna «fiabilidad» dados sus errores e incongruencias.

El recurso de apelación también se refiere al otro delito respecto al que el Partido Popular debería cubrir como posible responsable civil subsidario: el delito contra la Hacienda Pública por el impuesto de Sociedades de 2007 de la empresa Unifica, el estudio de arquitectura que reformó la sede de Génova, una obra pagada con dinero negro. Según la defensa, dicho delito –que en cualquier caso estaría prescrito- no existe porque Unifica lo tributó en el ejercicio posterior y porque, aún así, la cuota supuestamente dejada de pagar no alcanza los 120.000 euros.

El juicio de la pieza separada del caso Gurtel conocida como «papeles de Bárcenas» investiga una contabilidad paralela y opaca en la formación política manejada por Bárcenas y Lapuerta, con la que se sufragaron gastos como campañas electorales u obras en diferentes sedes del partido. El juez ha sentado en el banquillo a los dos extesoreros, al exgerente Cristobal Páez y a tres empleados de la empresa Unifica.