Operación Enredadera
La Guardia Civil deja libres a 4 de los 32 detenidos por la red de funcionarios corruptos
Los arrestados están acusados de delitos contra la Administración, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y organización criminal, entre otros
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a 32 personas en diferentes provincias de Andalucía, Extremadura y Canarias, así como en Barcelona y Madrid, presuntamente relacionadas con una trama corrupta, integrada en su mayoría por funcionarios, infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de concesiones públicas a empresas . [ En directo: La juez Alaya comienza a citar a los imputados en la trama ]
Además, la Guardia Civil ha dejado en libertad a cuatro de los 32 detenidos. Fuentes de la Benemérita han explicado que seguirán tomando declaración a algunos detenidos y que a otros, en un número que no han precisado, los pondrán a disposición de la juez Mercedes Alaya, que ha dirigido la operación.
Según han informado fuentes de la investigación, en la operación bautizada como «Enredadera» y que supone la tercera fase de la investigación Madeja que está desarrollando la Guardia Civil por orden de la juez Mercedes Alaya se prevé una treintena de detenidos. [ Alaya impulsa una macro operación que pone en jaque a los funcionarios públicos ]
Fuentes de la investigación han indicado que la operación iniciada a primera hora de la mañana en doce provincias de forma simultánea por orden de la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha saldado con 32 detenciones y otra treintena de imputados.
Entre los detenidos, señalan las mismas fuentes, figuran tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez; el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona.
Los otros 29 detenidos son fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la sociedad empresa sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año. De hecho, esta operación representa la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por Alaya y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A y que condujo a Fitonovo.
En total los agentes han practicado detenciones o registros en trece provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Las Palmas. En esta última provincia, las detenciones se han practicado en Lanzarote y en la capital de Gran Canaria.
Compra de terrenos de Mercasevilla
Según explica la Guardia Civil, la operación Enredadera es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla S.A .
De esta operación los agentes concluyeron un «no justificado» incremento patrimonial del que fuera hasta 2007 director del área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Los agentes realizaron un informe patrimonial sobre esta persona de la que se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo -contratista habitual de numerosas administraciones públicas- múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza desde dinero hasta vehículos, lo que provocó en julio y diciembre del pasado año la apertura de nuevas diligencias, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa citada.
Con el análisis de la documentación incautada entonces los investigadores determinaron que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.
A su vez, también los imputados habían creado una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos. Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.
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