La permanencia en la OTAN y el estatuto de Cataluña, los referéndums que sí fueron legales
Los españoles han sido llamados a las urnas en cuatro ocasiones durante la democracia y se han celebrado siete consultas autonómicas
La Constitución española reconoce en su artículo 23.1 el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Y en el 92 señala que la participación política, cuando no se trata de elecciones, se materializa en los referéndums consultivos. Estos son convocados por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno y con la autorización del Congreso de los Diputados. La ley que desarrolla el mandato constitucional añade que es «competencia exclusiva del Estado» dar luz verde a este tipo de citas con las urnas.
Esa es, precisamente, la postura que siempre ha mantenido el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el desafío soberanista de Artur Mas . El presidente del Gobierno, el día que recurrió ante el Tribunal Constitucional la consulta del 9 de noviembre , recordó que «la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos». «La ley no es un corsé -recordó-. La ley es garantía de igualdad, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos».
La ley es también la vía para celebrar consultas populares. En los años de la democracia se han convocado en España cuatro referéndums nacionales y siete autonómicos. En diciembre de 1976 un referéndum, el de la ley para la Reforma Política, abrió el camino para la democracia. Dos años después el 87,87 por ciento de los españoles refrendaron la Constitución vigente. En Cataluña votó a favor del texto el 90,46 por ciento frente al 4,97 que lo hizo en contra.
Permanencia en la OTAN
También se sometió a referéndum consultivo la permanencia de España en la OTAN. Felipe González accedió a la presidencia decidido a detener el proceso de integración en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero pronto cambió de opinión y anunció que dimitiría si ganaba el «no». Los resultados fueron favorables a la pregunta del Gobierno, que obtuvo el respaldo del 52,49 por ciento de los votantes frente al 39,84 por ciento que se opuso.
El cuarto y último referéndum convocado en el ámbito estatal tiene que ver con Europa. En febrero de 2005 se sometió a escrutinio la ratificación del Tratado para la Constitución europea. La participación apenas llegó al 41 por ciento para apoyar de forma mayoritaria -76,3 por ciento- el texto comunitario. Francia y los Países Bajos votaron en sentido contrario, de modo que nunca se aplicó lo que los españoles votaron.
Además de estos referéndums, el Estado ha dado luz verde a siete consultas de iniciativa autonómica para refrendar los estatutos de autonomía. El País Vasco y Cataluña fueron las comunidades más rápidas. El 25 de octubre de 1979 ratificaron, con la aceptación de alrededor del 90 por ciento, sus respectivos estatutos. Después, en diciembre de 1980, siguió el de Galicia, que registró una abstención del 71,73 por ciento. Andalucía llevó a cabo un referéndum distinto, pues primero se votó para determinar el procedimiento a seguir para conseguir la autonomía y después, en 1981, se refrendó el estatuto autonómico.
Estatuto de Cataluña
Los catalanes volvieron a votar un nuevo estatuto en el año 2006, con la complicidad del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las Cortes Generales aprobaron, con cambios significativos, el texto remitido por el Parlamento catalán. El 73,24 por ciento de los catalanes refrendó el 18 de junio un estatuto que ampliaba el nivel de autogobierno. El proyecto estuvo marcado por la polémica relativa a la definición de Cataluña como «nación» y a la creación de un régimen fiscal específico.
Las dudas sobre la constitucionalidad del estatuto llevaron al PP, el defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Los magistrados declararon inconstitucionales catorce artículos en la sentencia emitida en junio del 2010. El TC protegió el castellano frente a la voluntad de imponer la primacía del catalán y aseguró la potestad del Estado para legislar sobre las competencias compartidas. Además, declinó que la Generalitat tuviera poder de decisión sobre los esfuerzos fiscales de las autonomías y señaló que las referencias a Cataluña como nación carecían de eficacia jurídica.
Dos años después de esta sentencia Artur Mas acudía al Palacio de la Moncloa para exigirle a Mariano Rajoy el pacto fiscal . Como el presidente del Gobierno se lo negó, Mas adelantó las elecciones poniéndose al frente de una estrategia pensada para votar por la independencia en un referéndum que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional .
Noticias relacionadas
