Gallardón dimitió antes de la convocatoria de la consulta catalana por la demora de Mas

Hacía meses que Alberto Ruiz-Gallardón tenía decidido dimitir si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, retiraba su reforma de la ley del aborto . El ya exministro de Justicia comenzó a ver «obstáculos» en la tramitación de su proyecto a principios del verano. Gallardón se había fijado el fin de la estación estival como fecha límite para la aprobación de la ley por parte del Consejo de Ministros. Ante la certeza de que Rajoy acabaría aparcando la reforma , el extitular de Justicia condicionó su salida a la impugnación de la ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán y la convocatoria del referéndum del 9-N. Otro plazo que tampoco ha podido cumplir.

El aplazamiento de la publicación de la ley catalana en el Boletín Oficial de la Generalitat tiene la culpa del cambio de planes de Gallardón. Si algo tenía claro el exministro era que no iba a volver a pasar por el trance del miércoles pasado en el Congreso de los Diputados, donde defendió su reforma con unas palabras que sonaron a despedida : «Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros hoy, mañana, dentro de un año, pero le aseguro una cosa… allí donde nos encontremos a mí me encontrará defendiendo la libertad de las mujeres y la vida de los concebidos».

En el Ejecutivo contemplaban la posibilidad de que Gallardón pudiera dimitir, pero también posponían esa decisión a la suspensión de la ley de consultas . El ministro quiso hablar con Rajoy para comunicarle personalmente su decisión. Con Mas jugando al despiste, Gallardón se inclinó por anunciar ayer miércoles, en el Congreso, su dimisión, si el presidente del Gobierno no anunciaba la retirada de la ley antes de marcharse a China. Esa es la razón por la que Rajoy hizo pública la rectificación del Gobierno en unas declaraciones ante la prensa.

«Yo tenía un límite» para elegir el momento de anunciar la dimisión, dijo Gallardón la tarde del martes, y ese límite era la preparación de los recursos que el Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9-N, cuando lo firme el presidente de la Generalitat. Y esa respuesta jurídica está «absolutamente preparada».

Al Ejecutivo no le queda «ninguna medida» que le pueda «ni sorprender ni modificar» la situación que tiene «prevista». El Gobierno, gracias al trabajo del Ministerio de Justicia, ya conoce la ley y sólo espera a que se publique para «iniciar el plazo» de recurso ante el Tribunal Constitucional . Gallardón abandona el ministerio y la política, pero ha dejado redactada la respuesta al desafío de la Generalitat.