caso nóos
«A un hijo mío le hubiera hecho pedir perdón», dice quien dirigió Hacienda con Aznar, que también denuncia que la política fiscal actual «hace imposible la supervivencia» del pequeño empresario
07.02.14 - 17:54 -
El inspector de Hacienda y ex-Director de la Agencia Tributaria , Ruiz-Jarabo Colomer, antes de su ponencia en el II Congreso DAV - Spanien,'Amnistía fiscal o autodenuncia: una comparación jurídica', en el Parador de Segovia./ DIEGO DE MIGUEL
El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo advirtió hoy trato de favor de esta Administración hacia la infanta Cristina en el caso Nóos y criticó la actuación del rey ante el presunto fraude fiscal de su hija. Además, quien fuera responsable de la recaudación de impuestos con Aznar, entre 1998 y 2001, también denunció que la política fiscal de los últimos años “está haciendo imposible la supervivencia del pequeño empresario”.
“A un hijo mío le hubiera hecho pedir perdón públicamente y devolver de entrada parte del dinero. A un hijo mío, no digo más”, aseguró Ruiz-Jarabo en referencia al rey y la infanta, preguntado por Ical tras su intervención en el II Congreso DAV-Spanien que, organizado por la Asociación de Abogados Alemanes en España, se celebraba este viernes en Segovia. En cuanto a la labor de la Agencia Tributaria, lamentó que “a cualquier contribuyente se le manda un ‘recado’ a los cinco minutos” cuando hay “discrepancias” con su declaración, extremo que subrayó que no se produjo con la infanta Cristina y Urdangarin.
“Aquí han fallado varias instituciones, e igual que digo que creo que la Agencia Tributaria no ha estado a la altura de las circunstancias en este tema, en mi opinión esta institución (la Monarquía) tampoco”, señaló. “En el caso Nóos, donde se está sustentando la posible existencia de un delito fiscal, llama la atención la actuación de la Agencia Tributaria porque se ha sabido que hace unos años había unas discrepancias importantes entre lo que declaraban dos contribuyentes y lo que constaba en la Agencia Tributaria por declaraciones de otros. Unas discrepancias muy importantes”.
En esta línea, criticó que “a cualquier contribuyente español, ante esa situación, la Agencia Tributaria tarda cinco minutos en mandarle un recado, que puede ser un requerimiento de información, abrirle una comprobación limitada, un proceso de verificación de datos o una inspección tributaria directamente”. Sin embargo, “durante cinco, seis o siete años a esos dos contribuyentes importantes la Agencia Tributaria no les hizo nada de estas cuatro cosas”. Porque “al margen de que fuera un error de discrepancia o no, es que a usted, si tiene esa discrepancia, lo primero que hacen es llamarle, y ya se verá después si hay error o no, pero a estos dos contribuyentes no se les llamó, eso es inaudito”, recalcó.
La infanta Cristina declara precisamente este sábado como imputada por delitos de fraude y blanqueo de capitales en el marco del caso Nóos. Y comparecerá ante el juez apenas dos meses después de que Hacienda diera por válidos los justificantes de tres facturas emitidas a Aizoon en 2007 que había rechazado en informes anteriores. Entre las tres suman 69.990 euros y, si no hubieran sido aceptadas en el último dictamen, la cuota defraudada por la sociedad participada al 50 por ciento por Urdangarin y Doña Cristina habría superado los 120.000 euros por ejercicio, límite a partir del cual esta irregularidad pasa a ser tipificada como delito en el Impuesto de Sociedades. En total, Hacienda considera que Aizoon habría defraudado 281.000 euros en cuatro años, pero sin llegar a esos 120.000 por ejercicio.
Un informe pericial “con cortas y pegas”
Para Ruiz-Jarabo, “lo más inaudito” es que un último informe pericial haya dado por válidas esas facturas y contradiga “los ocho, nueve o diez anteriores”, en los cuales se apuntaba la existencia de 69.990 euros “deducidos por estos contribuyentes sin que hubiera un gasto real, a partir de un mecanismo de simulación, engañando a la Hacienda pública”. O lo que es lo mismo, facturas “simuladas, falsas o inexistentes”.
“El último informe pericial de la Agencia Tributaria dice que eso vale como gasto deducible, y que por tanto no entramos en las cifras que pudiera determinar este posible delito fiscal. Ya quisieran todos los contribuyentes españoles que se les dijera eso también”, sentenció. Ruiz-Jarabo calificó también de “inaudito en la historia de la Agencia Tributaria” que los peritos responsables del último dictamen fueran “nombrados específicamente” para este cometido por el director general de esta Administración
“Y como los informes hoy a veces los hacen algunos con cortas y pegas, resulta que estos peritos en las conclusiones dicen que son gastos deducibles, pero en la parte previa, como han usado los informes anteriores de sus compañeros con cortas y pegas, mantienen la consideración de que no hay un gasto real, que son facturas que deberían considerarse simuladas o falsas”. Por ello, “evidentemente, ese tratamiento no lo tenemos otros contribuyentes”, insistió para concluir que, en su opinión, la Agencia Tributaria “demuestra que no ha sido igual para todos”.
“Voracidad recaudatoria”
El exdirector de la Agencia Tributaria también criticó la política fiscal de los últimos años, “mala para el bolsillo del contribuyente y para la economía española”. Además de censurar el aumento generalizado de todos los impuestos, denunció que también “se ha incrementado o intensificado el acoso al autónomo y la micropyme, y la consecuencia es que los efectos del aumento de los impuestos y de las actuaciones de control está haciendo prácticamente imposible la supervivencia del pequeño empresario español”.
“Creo que es un error grueso esta política que está llevando a muchos pequeños empresarios españoles, que es la red que crea empleo en este país, a tener que desaparecer o sumergirse. En ambos casos se dejan de pagar impuestos, con lo cual, como dice nuestro proverbio castizo, ‘en la culpa va la penitencia’: el error de subir tanto los impuestos, unido al error de intensificar las actuaciones de control, lo que hace es que se recaude menos”, expuso. En este sentido, destacó que el fraude tributario en España se sitúa en torno a un 20 por ciento, pero distinguió entre aquel que “decide voluntariamente pagar menos para ahorrarse la factura fiscal, al que está muy bien que se le persiga”, y quien practica en estos tiempos “la economía de supervivencia”.
“Con la crisis tan intensa que nos azota hace seis o siete años, con la voracidad recaudatoria agravada en los últimos años, en mi opinión equivocada, y con el acoso de la Agencia Tributaria al pequeño empresario español y el autónomo, hay mucha pyme y mucho autónomo que no pueden más que proceder a la inmersión de su actividad económica para sobrevivir, para llevar dinero a su casa y alimentar a sus hijos. Yo a eso me niego a llamarle fraude, eso es economía de subsistencia provocada e inducida por la voracidad recaudatoria de nuestra Agencia Tributaria y por el acoso de sus actuaciones de control frente a este grupo de pequeños contribuyentes”.
Amnistía fiscal: 100.000 millones de euros
Respecto a la amnistía fiscal, uno de los asuntos que se abordó en el II Congreso Dav-Spanien, Ruiz-Jarabo reconoció que “no se puede defender desde planteamientos éticos ni morales”, pero valoró que sólo con la llevada a cabo en España en 2012 han aflorado 100.000 millones de euros que están contribuyendo a dinamizar la economía. “Es una estimación muy aproximada, pero por las cifras de recaudación y por cómo era la forma de tributar en la declaración tributaria especial, que se ha llamado amnistía fiscal, se puede calcular que esa es la cantidad de fondos opacos que ahora han aflorado”. Un dinero que con el que “se están comprando inmuebles, se están comprando empresas y se están capitalizando sociedades, lo cual es bueno”.
“Y la amnistía fiscal, tanto esta última como las otras tres que hubo en los últimos 30 años, ha incrementado la recaudación, ha permitido que dinero que estaba oculto, negro o escondido, fuera del control de la Agencia Tributaria, haya entrado dentro del circuito oficial y ahora esté sirviendo para dinamizar la economía española”, prosiguió. “Me puedo quedar con lo poco ético que es una amnistía fiscal o, en un momento de crisis, tener en cuenta lo que ayuda a la economía española tener más recaudación y más dinero dinamizado para comprar e invertir, ¿a qué le doy más valor? Pues es una decisión individual y los políticos en este país cada siete u ocho años deciden que haya una amnistía fiscal”. Así ha sido con gobiernos de uno y de otro color, pero casi siempre con el rechazo de los partidos que en ese momento estuvieran en la oposición. Una actitud que, para Ruiz-Jarabo, forma parte del “‘navajeo’ entre partidos de la política con minúscula”.
