grave herida a la democracia
El Gobierno quiere centrar el acuerdo en la ley de transparencia, mientras el PSOE y otros grupos creen que el PP quiere diluir el escándalo de Bárcenas
Todo apunta a que el pacto contra la corrupción no va a pasar de ser una declaración de intenciones sin visos de hacerse realidad. Los partidos creen que es poco viable formalizar ese acuerdo reclamado por todos, pero concretado por nadie. El Gobierno, aunque dice que aprecia receptividad entre las fuerzas políticas para avanzar por ese camino, se conforma con trenzar un acuerdo amplio de cara a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El resto de los partidos ni eso, y son pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un entendimiento en el proyecto que se tramita en el Congreso.
El pacto anticorrupción es una medida recurrente que cada cierto tiempo aparece en la escena política, sobre todo cuando se recrudecen los casos de fraudes con fondos públicos a cargo de dirigentes políticos. Hace tres años, a rebufo del 'caso Gürtel', también estuvo en la palestra un acuerdo en este sentido, pero quedó en nada.
Ahora, el primero en poner sobre la mesa el asunto ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba, quien el 12 de enero ante el comité federal de su partido propuso llegar a «un compromiso» contra la corrupción porque «lo reclaman los ciudadanos» y porque estas conductas han abierto «una grave herida en nuestra democracia». Los socialistas ponen en valor que su líder formuló la propuesta antes de conocerse que el extesorero del PP Luis Bárcenas había amasado una fortuna de hasta 22 millones de euros en Suiza.
Sus palabras no encontraron eco. Hasta que Mariano Rajoy, con el escándalo de su exjefe de finanzas sobre la mesa, ofreció el pasado lunes «un gran pacto» anticorrupción. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se puso de inmediato manos a la obra y habló con todos los portavoces parlamentarios, pero recibió respuestas tibias, cuando no contrarias.
Solo CiU, tocada por la condena a Unió por el 'caso Pallerols', mostró interés en acordar «una praxis común» de los partidos ante estas situaciones. El interlocutor de Sáenz de Santamaría era Josep Antoni Duran Lleida, el principal afectado por la financiación irregular de su partido.
Primero Rubalbaca y, después, su 'número dos' en el PSOE, Elena Valenciano, comentaron que este «no es el momento» de formalizar un pacto anticorrupción. Es la hora, comentaron ambos, de que el PP aclare y dé explicaciones sobre los manejos económicos de su extesorero y los supuestos pagos de sobresueldos opacos a altos cargos conservadores.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también apuntó que los populares con su propuesta solo pretenden extender «la tinta del chipirón» a otras fuerzas y hacer causa común ante un problema que acucia a su partido. «Ahora que el PP tiene un problema vamos a hacer como si todo el mundo lo tuviera», comentó Esteban la pasada semana.
Nuevas medidas legales
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también se negó a «ayudar al Gobierno a lavar su colada» y tampoco el líder de IU, Cayo Lara, se mostró partidario de buscar consensos poco prácticos. Planteó que la comisión de Justicia del Congreso que estudie medidas legales contra las prácticas corruptas y una revisión a fondo de la ley de incompatibilidades de altos cargos para impedir que se simultaneen actividades públicas y privadas.
Una petición sin respuesta, pero que los socialistas agarraron al vuelo y han presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre si ocho subsecretarios y secretarios generales tienen dedicación exclusiva a su cargo. El PSOE tiene datos para pensar que no es así.
En este clima, el Gobierno ha frenado la búsqueda del pacto y se ha centrado en lograr adhesiones a la ley de transparencia, que tiene que ser «el antídoto de la corrupción», en palabras de Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta se mostró dispuesta a ampliar el ámbito de aplicación de la norma a los partidos, sindicatos y al Parlamento, excluidos del escrutinio público en el proyecto gubernamental, un texto centrado en las administraciones públicas. El Ejecutivo también confía en tener antes del verano un plan de regeneración democrática que ha encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para mejorar la imagen de los políticos.
Lo que no se plantea el Gobierno es un endurecimiento de las leyes para castigar con más rigor los casos de corrupción de políticos. La legislación española, según la vicepresidenta, es «homologable» a la de otros países europeos y tiene «parámetros» similares. Basado en esa idea, el Gobierno se mantiene firme en su negativa a extender la ley de transparencia a la Casa del Rey. Argumenta que la mayoría de las monarquías europeas están exentas de ese control público.
