'caso Nóos'
Anticorrupción prevé imputarle en breve por fraude fiscal, blanqueo y quizás tráfico de influencias, pero ve difícil por desfalco a la Seguridad Social
El arco de las posibles penas será muy amplio, pero, incluso en el rango menor, implicaría el ingreso en prisión en caso de condena, salvo sorpresa mayúscula o 'apaño' extrajudicial. La Fiscalía, un año y medio después de comenzar a investigar a Iñaki Urdangarin y a expensas de recibir los últimos informes, cree tener pruebas suficientes para intentar sentar en el banquillo al yerno del Rey y a Diego Torres por delitos que estarían penados con entre 7 y 26 años de cárcel.
Anticorrupción, cuyos responsables se inclinan por solicitar una condena que se moviera entre los ocho y los diez años, se prepara para semanas de actividad febril en el 'caso Nóos'. Los fiscales sólo esperan a recibir formalmente el informe de la Agencia Tributaria de Cataluña y el resultado de las últimas comisiones rogatorias para ampliar el abanico de imputaciones. A los ya oficiales de malversación (por haber desviado a su bolsillo los 6 millones que recibieron de los gobiernos de Baleares y Valencia para organizar eventos), fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación, el Ministerio Público va a sumar los de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, quizás, el de tráfico de influencias. No ve posible, sin embargo, llevarle al banquillo por la contratación de trabajadores ficticios.
La puntilla para el fraude a Hacienda va llegar de la mano de los inspectores catalanes que han comunicado extraoficialmente a Anticorrupción que, en el ejercicio 2007, ven indicios de defraudación superior a los 120.000 euros (si no, no sería delito, sino una falta). Las irregularidades han sido detectadas en las cuentas de Aizoon -la mercantil de Urdangarin y la infanta Cristina- y de otras empresas del entramado que por entonces comenzaron a nutrirse de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), el sucedáneo del Instituto Nóos.
Sobre el lavado de dinero en el extranjero apenas faltan flecos porque las pruebas de cargo están en poder de la Fiscalía: Urdangarin cobró al menos 140.000 euros en cuentas suizas de los 375.000 que le pagó por dudosos servicios de asesoramiento en 2008 y 2009 la empresa Aguas de Valencia. La cantidad, 140.000, no es baladí: son 20.000 euros más que el mínimo para hablar de delito. Y Anticorrupción, además, tiene un as en la manga para afianzar esas acusaciones: la declaración el próximo sábado en los juzgados de Palma del empresario Joaquín Boixareu, el creador de FDCIS. Boixareu está imputado pero Anticorrupción ya ha contactado con él para 'suavizar' las acusaciones a cambio de que revele cómo Urdangarin y Torres usaron la fundación para niños discapacitados para evadir dos millones a través de una empresa británica.
Boixareu no será el único que desfile el sábado por los juzgados de Palma. También está citada como testigo Dulce Linares, la que fuera jefa de gabinete de Jaume Matas cuando el Gobierno de Baleares firmó en 2005 y 2006 los dos convenios para la celebración del Illes Baleares Forum y pieza clave para que la Fiscalía decida o no acusar a Urdangarin del séptimo delito: tráfico de influencias.
Garganta profunda
Linares se ha convertido desde hace un año en una suerte de 'garganta profunda' de Anticorrupción y la UDEF. La exsubordinada de Matas ha asegurado que fue el marido de la infanta quien «impuso» al Gobierno balear el precio del primer fórum y que la segunda convención se pagó sin rechistar por orden directa del propio Matas porque el yerno del Rey seguía vinculado con el instituto, a pesar de que nominalmente lo había abandonado por orden de la Zarzuela.
El testimonio de Dulce Linares ha servido para reconstruir la forma en que el Urdangarin usó su posición como miembro de la Familia Real y su amistad con Pepote Ballester, entonces director general de Deportes del Govern, para llegar en la primavera de 2005 hasta Matas. De confirmar estas declaraciones, Anticorrupción cree poder contar con indicios de que el esposo de Cristina de Borbón incurrió en un ilícito clásico del 429 del Código Penal, que castiga con hasta dos años de cárcel al «particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio».
Ese mismo día también declarará el sobrino del duque, Jan Gui Urdangarin. Otro testigo de lo más incómodo para el cada vez más oscuro futuro judicial de su tío porque él fue la persona que se dedicó a captar y contratar falsos trabajadores para las empresas del entramado Nóos, a lo que se pagaba por hacer nada, pero que servían para hinchar los balances de las mercantiles.
La Fiscalía, independientemente de lo que declare el sobrino, tiene pruebas de que Urdangarin también cometió un fraude a la Seguridad Social con esos contratos, pero la cifra posiblemente no llegue a los 120.000 euros que los convierten en delito. Solo en ese caso se librará. El resto de las nuevas imputaciones están ya más que amarradas por Anticorrupción.
