Abengoa pone a prueba las costuras de la ley concursal

LUIS MONTOTO

20/03/2016
Actualizado 21/03/2016 a las 09:08h.

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El pasado 27 de noviembre Abengoa se acogió al preconcurso, una prórroga de cuatro meses para alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores y evitar la mayor quiebra de la historia de España. Una semana antes de que se esfume este blindaje legal —que impide que ningún acreedor pueda instar el concurso necesario— la multinacional sevillana ha alcanzado su principal objetivo: poner sobre la mesa un acuerdo preliminar con bancos y bonistas que permitirá una reducción drástica de su deuda (que pasará de 9.500 millones a 4.500), además de una inyección adicional de 1.500 millones liderada por fondos de inversión . Frente a quienes auguraban un desmantelamiento de la empresa, el plan de viabilidad sobre el que se sustenta este pacto implica, en esencia, la pervivencia de la compañía bajo la batuta de nuevos accionistas de control (al menos un 55% del capital estará en manos de firmas como Attestor Capital, Centerbridge, DE Shaw Group, Elliot, KKR, Oak Hill Avisors y Värde).

Se venderán algunas áreas de actividad (como los biocombustibles de primera generación), pero la meta es maximizar la rentabilidad de una cartera de proyectos que en este momento es de 7.500 millones de euros (era mayor, pero se han perdido algunos de los contratos suscritos en 2015, como dos grandes plantas de biomasa en Bélgica y Gran Bretaña). También se han señalado como estratégicos cinco de sus actuales proyectos en concesión, cuatro de ellos en México: una central de cogeneración de 265 MW, dos ciclos combinados (que suman 1.500 MW), un acueducto en Zapotillo y una termosolar en Israel. Estas iniciativas, valoradas actualmente en 1.900 millones, valdrán más de 3.000 millones cuando estén concluidas y en operación. Esta hoja de ruta se acompañará por una reorganización radical de la estructura y una optimización de los gastos generales, que pasarán de 450 millones de euros en 2016 a 246 millones en 2018 (se centralizarán en Sevilla todas las tareas administrativas y se cerrarán otras sedes). También se mantiene el sistema de innovación que creó Felipe Benjumea.

La zona de sombra en la que aún se mueve Abengoa tiene que ver con los plazos legales para materializar el acuerdo (el 28 de marzo concluye la prórroga del preconcurso) y salir de nuevo a flote, lo que obligará a la compañía a diseñar un esquema muy sofisticado para alcanzar el acuerdo.

La complejidad de la negociación ha llevado a que la firma presidida por Antonio Fornieles inicie el proceso de adhesiones al acuerdo demasiado tarde. Hay nueve días, entre el 18 y el 27 de marzo, de los que solo cuatro son laborables (cada entidad debe someter el documento al visto bueno de su comité de riesgo y firmarlo ante notario, lo cual es una tramitación larga). Tenerlo todo listo habría requerido, como mínimo, un mes. Esto ha llevado a hacer una propuesta muy poco ortodoxa que exige un alto nivel de compromiso tanto por parte de los acreedores como del juez de lo Mercantil. a los acreedores que, en realidad, no existe en la normativa española. En este punto la ley es clara: para evitar el concurso con un acuerdo que incluya quitas de deuda y esperas de más de cinco años se requiere el visto bueno de una doble mayoría (el 75% de la deuda financiera y el 75% de la deuda total). ¿Qué es lo que está proponiendo en realidad Abengoa?

La empresa firmará primero un pacto que le cubra las espaldas frente a aquellos bancos o bonistas que no apoyen el plan. La ley permite que si el 60% de los acreedores financieros se adhieren a un acuerdo de refinanciación que no contempla quitas, se obligará al 40% restante a suscribirlo. La firma tiene un preacuerdo con el G-6 (Popular, Santander, Bankia, CaixaBank, Crédit Agricole y HSBC) y con los principales bonistas. Este acuerdo blindaría, además, la nueva liquidez que entidades y bonistas están concediendo a la empresa en estos meses de insolvencia (que utiliza garantías de la filial Yield que, en caso de concurso, se mantendrían).

En puridad, este primer acuerdo de refinanciación —que debe estar sellado el domingo de Resurrección y homologado por el juez el lunes de Pascua— le blinda frente a las reclamaciones de bancos y bonistas. ¿Qué ocurre con los acreedores comerciales (con los que ya hay impagos de más de 600 millones)? Abengoa queda desprotegida ante cualquier reclamación judicial, pues lo que presenta es un plan de refinanciación, pero no un acuerdo global.

El mes de abril será intenso. Una vez que una empresa firma un pacto de refinanciación (como el que se debe sellar el 27 de marzo y homologar al día siguiente), no puede proponer un nuevo acuerdo durante, al menos, un año. Sin embargo, los acreedores financieros sí tienen la potestad de proponer otro acuerdo. Así que serán las principales entidades bancarias las que, formalmente, propongan el auténtico pacto de viabilidad que deben votar las dos mayorías (75% de la deuda financiera y la deuda total, respectivamente). La clave para lograr que se llegue a buen puerto será, por lo tanto, la actitud que adopten los acreedores comerciales . Existe la confianza de que habrá colaboración porque Abengoa no va a proponer quitas ni esperas a sus contratistas. En este momento, negocia acuerdos bilaterales con aquellas empresas con las que acumula mayores compromisos (como General Electric o ABB), de los que obtendrá descuentos, fraccionamientos de pago y aplazamientos.

Así ha llegado este proceso al juzgado de lo mercantil 2 de Sevilla (cuyo titular es Pedro Márquez). El espíritu de la ley es facilitar que las compañías en dificultades eviten el concurso . De hecho, el aluvión de insolvencias entre 2009 y 2014 ha generado experiencias que han conducido a cinco reformas (todas encaminadas a garantizar la viabilidad de la empresa). Abengoa no ha llegado a los plazos pero si presentará, al menos, un acuerdo que previsiblemente tendrá la aquiescencia en el futuro de más del 75% de los acreedores. Con el denominado G-6, junto a los bonistas representados por Houlihan Lokey y algunas entidades públicas (como el Instituto de Crédito Oficial, el Banco Europeo de Inversiones y algún otro organismo latinoamericano), prácticamente rozan el porcentaje requerido.

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