El otro negocio de las oposiciones: organizar los exámenes
Ante el aluvión de convocatorias, las empresas especializadas en la gestión de pruebas, muy pocas, viven cierto repunte
La crisis empuja a los jóvenes a opositar
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En España hay 2.731.117 de empleados públicos, más de la mitad (1.617.142) al servicio de los ciudadanos desde las comunidades autónomas. Y casi siete millones de personas, ya sea por vocación de servicio o por tener un empleo ajeno a los ... vaivenes del mercado, sueñan con emularlos. En otras palabras, han opositado alguna vez o lo están haciendo, según datos de la plataforma de preparación de exámenes Opositatest. Los estímulos no son pocos: el Gobierno, que previsiblemente anunciará este mes la oferta pública de empleo para 2023, ofreció 42.771 puestos en 2022, una cifra histórica, que superaba con creces los 30.445 de 2021 y los 28.000 de 2020, a los que hay que sumar los de Policía Nacional y Guardia Civil (que tienen sus propias convocatorias), Sanidad y Educación (competencia de las comunidades autónomas) y los concursos de las sociedades mercantiles estatales.
«Hay que adecuar las plantillas a necesidades reales y las nuevas políticas, además de retener el talento y estabilizar el empleo. Además, había el compromiso de publicar todo lo que quedó desierto del año 2020 y del 2021, además de las plazas de estabilización que marca la Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público», explica Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de negociación de CSIF. Con este caldo de cultivo, no sólo las academias hacen su particular agosto. De la selección de personal para la Administración General del Estado se encarga el INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), pero en las comunidades autónomas, locales y sociedades mercantiles públicas no es infrecuente externalizar servicios como la valoración de méritos y otras cuestiones logísticas, «no la oposición en sí misma», a empresas especializadas en recursos humanos, precisa la sindicalista.
El negocio de la organización de exámenes había pasado desapercibido para el gran público hasta que hace unas semanas la Generalitat anunció que repetirá «todos los exámenes» de los 72 procesos de oposición celebrados el 29 de abril organizados por una empresa externa tras registrar incidencias leves, graves y muy graves. También comunicaron la rescisión del contrato, de 1,5 millones de euros, con la adjudicataria, Cegos, que a su vez atribuyó al gobierno catalán los errores que provocaron el caos en las pruebas y anunció «la posibilidad de emprender acciones legales» para defender su honor y reputación.
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Web de gestión de candidaturas
Comunicación a los candidatos
Confección de pruebas / psicotécnicos
Servicios
externalizados
Vigilancia del examen
Logística / alquiler de espacios
Organización de la prueba
Fuente: Elaboración propia / ABC
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Servicios
externalizados
Web de gestión de candidaturas
Confección de pruebas / psicotécnicos
Logística / alquiler de espacios
Organización de la prueba
Vigilancia del examen
Comunicación a los candidatos
Fuente: Elaboración propia / ABC
Cegos, una empresa de origen francés que llegó a España en 1952, es, precisamente, una de las grandes firmas de un sector muy especializado dominado por unos pocos. En los últimos años, explica Óscar Miralles, director de Cegos Talent, esta actividad ha experimentado un repunte «al ritmo de los procesos de estabilización para la reducción de la temporalidad del empleo público». Desde enero de 2022, ellos han conseguido más de 10,4 millones de euros en licitaciones de organismos públicos como Tragsa, Banco de España, Metro de Madrid o los Servicios Municipales de Barcelona, según los datos de la Plataforma de Contratación del sector público.
Muchos concursos se los disputa a People Expert, la marca comercial de Psicólogos Empresariales Asociados, que nació en 1986. Desde principios de 2022 han logrado concesiones de entidades como Adif, Tragsa y Paradores por un valor superior a los 19,8 millones de euros, aunque esta gestión de exámenes, reconoce Roberto del Río, portavoz de la empresa, no es su negocio principal. A licitaciones más modestas acuden también otras empresas del sector como Dopp Consultores o AgioGlobal.
Especialización
Las grandes marcas pueden ofrecer desde el asesoramiento en la redacción de las bases de la convocatoria hasta la publicación de la lista de resultados, pasando por diseño de la tecnología necesaria para la gestión del proceso, la confección, aplicación y corrección de pruebas, la comprobación de méritos profesionales y la atención a consultas y alegaciones «siempre asesorando y acompañando a los órganos técnicos de selección y tribunales», destaca el portavoz de Cegos.
Las entidades públicas pueden subcontratar toda la gestión o sólo algunos procesos, de ahí que haya licitaciones de decenas de miles de euros y otras millonarias. «Hay que estudiar bien la oferta técnica y económica, porque algunas pueden no ser rentables», señala Del Río sobre unos procesos que se alargan meses.
Es un sector muy especializado dominado por pocas empresas
En cuanto al perfil de los contratantes, es más frecuente que recurran a la privada organismos autonómicos o entidades participadas, apunta Fernando Pozas, consejero delegado de Dopp Consultores. También empresas que no cuentan con perfiles especializados, añade su colega de Cegos, o ven «inviable», por el volumen de la convocatoria, gestionarla con medios propios.
Aunque estos negocios presumen de sus ventajas («profesionalidad, agilidad y mayor objetividad»), al final la responsabilidad para evitar «chapuzas», recuerdan desde CSIF, está siempre en manos de los tribunales públicos.
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