El Congreso obliga a AENA a rebajar sus alquileres y le asesta un golpe de 1.500 millones
Solo 16 diputados del PSOE han votado en contra de la enmienda que obliga al gestor aeroportuario a ajustar las rentas que cobra a los comercios de los aeropuertos al tráfico aéreo
El Partido Socialista acaba de sufrir una de las derrotas más sonadas de la legislatura en el Congreso de los Diputados . Una amplia mayoría de partidos ha votado a favor de una enmienda que regula los alquileres que cobra AENA a sus inquilinos, obligando al gestor aeroportuario a ofrecer rebajas acordes a la caída del tráfico aéreo.
La enmienda, que fue aprobada en el Senado hace una semana, ha sido respaldada por el Grupo Mixto, Grupo Plural, PP, Ciudadanos, ERC, VOX y el PNV. Este último ha cambiado en las últimas horas el sentido de su voto, ya que en el Senado votó en contra de la propuesta. Según ha detallado el partido nacionalista, este cambio se ha debido a la falta de una propuesta concreta por parte del PSOE.
En total, la suma de estos partidos ha supuesto una amplia mayoría de 178 votos a favor de la enmienda. Otros 152 diputados se han abstenido, ya que muchos socialistas se han bajado del «No» después de conocer este jueves que Unidas Podemos les iba a dejar solos en esta postura. Únicamente 16 diputados han votado en contra de la medida.
El resultado de la votación estaba escrito desde mediodía, cuando se conocía en la Cámara Baja el cambio de parecer del PNV y Unidas Podemos. La formación morada, a través de su diputado Txema Guijarro, ha justificado la abstención asegurando que el Ejecutivo debe dar «ejemplo» y ser consciente de la situación económica que atraviesan miles de pequeñas y medianas empresas.
«Los machacados con la propuesta de AENA son los más débiles. Esta enmienda trata de resolver este conflicto, que afecta a la mayoría del sector», ha explicado en el Congreso el canario Fernando Clavijo, impulsor de la enmienda.
Del lado del Gobierno, el diputado socialista Manuel Arribas Maroto, ha asegurado esta mañana, antes de la votación que la enmienda «no tiene garantías jurídicas» y es un «menoscabo para una empresa estratégica y también para las pymes que ya han llegado a acuerdos».
La aprobación de la enmienda supone un mazazo de 1.500 millones para las cuentas de AENA, ya que supone eximir a los inquilinos de la empresa pública del pago de la renta mínima anual garantizada durante el primer estado de alarma (entre marzo y junio de 2020) y adecuar esa renta a partir del 21 de junio del año pasado al tráfico de pasajeros de los aeropuertos respecto al registrado en 2019. Los datos de agosto de este año reflejan una caída del tráfico aéreo del 40%, por lo que sería ese el descuento que se aplicaría a los alquileres.
AENA llevará a la Justicia la decisión
Pocos minutos después de conocer el resultado de la votación, la empresa pública ha remitido un comunicado a la CNMV firmado por el secretario del consejo de administración, Juan Carlos Alfonso, en el que explica que «el impacto final de esta medida sobre las cantidades a cobrar en concepto de renta mínima anual garantizada dependerá de la evolución del tráfico de pasajeros en los próximos años modificación no afectará al derecho de Aena a exigir el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en los diferentes locales ».
«Teniendo en cuenta el tráfico real de pasajeros de 2020, la previsión actual de tráfico de pasajeros para 2021 y la evolución del tráfico prevista en la propuesta de DORA II para el periodo desde 2022 hasta 2026, año en el que se prevé alcanzar de nuevo el tráfico de 2019, la compañía estima una reducción en los cobros de ingresos comerciales de, aproximadamente, 1.500 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025», abunda la empresa pública.
De igual forma, la empresa destaca que está «analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social». Fuentes de AENA explican a este periódico que la enmienda supone «una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa», por lo que todo apunta a que tras el veredicto del Congreso se abrirá una batalla judicial en el Constitucional.
Mientras, los inquilinos aseguran que con esta revisión de las rentas se asegura la supervivencia de decenas de pequeñas empresas y el empleo de 12.000 trabajadores.
