Renovables, un sector sin rumbo
Desde que Zapatero aprobara el primer recorte, la industria ha sufrido los vaivenes políticos y judiciales
Un tribunal del Ciadi (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), organismo del Banco Mundial, ha dado la razón al fondo británico Eiser Infrastructure en la demanda que interpuso en diciembre de 2013 contra el Estado español por los recortes de unos 8.000 millones de euros en las primas a las energías renovables aprobadas por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy.
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El tribunal, presidido por el norteamericano John R. Crook, ha condenado a España a una multa de 128 millones de euros. Este órgano cuenta con dos árbitros: el búlgaro Stanimir A. Alexandrov, por parte de los demandantes, y el neozelandés Campbell Alan McLachlan por el Estado español. El fallo supone nuevo revés para España, pero el sector de las renovables acumulan ya siete años de conflictos.
Diciembre 2010: Recorte de Zapatero
El Gobierno aprueba el famoso real decreto ley 14/2010 que provoca el primer recorte (35% de media) de las primas a las renovables.
Noviembre de 2011: Primera demanda
Varios fondos de inversión internacionales presentaron la primera demanda contra España ante Uncitral (Comisión de Naciones Unidas).
Enero de 2012: El parón de Soria
El ministro José Manuel Soria decreta una moratoria sobre las primas a las renovables (7.220 millones previstos en 2012 ) para reducir el déficit de tarifa.
Julio de 2013: Un nuevo recorte
El Ejecutivo aprobó una dura reforma de las renovables estableciendo la «rentabilidad razonable» del 7,5%. Esperaba ahorrar 1.350 millones.
Enero de 2016: Arbitraje de Estocolmo
El tribunal de arbitraje de Estocolmo desestimó la reclamación de unos inversores holandeses y luxemburgueses contra España por los recortes.
Enero de 2016: TC avala las reformas
El Constitucional avaló el «tijeretazo » a las renovables de la reforma de 2013 porque el Gobierno justificó «de forma suficiente» su urgencia.
Junio de 2016: El Supremo, también
El Tribunal Supremo desestimó , por tan solo un voto, los recursos de las empresas e inversores españoles contra las sucesivas reformas.
