Los promotores denuncian la «legalización de las ocupaciones» impulsada por la Generalitat
Torra ha aprobado un decreto que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a quienes lleven más de medio año ocupando una vivienda sin contrato y estén en situación de vulnerabilidad antes de iniciar una demanda judicial
El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Lluís Marsà, ha alertado de que el Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda de la Generalitat puede suponer un freno del mercado del alquiler que provoque un aumento de los precios.
En rueda de prensa, Marsà ha dado por hecho que el Parlament aprobará la nueva normativa -aprobada inicialmente por el Govern en diciembre del año pasado- en el pleno de este mismo miércoles, donde se debate y vota su validación o derogación.
"Dificultará mucho las operaciones , la construcción y, a medio plazo, desgraciadamente para el territorio puede suponer un freno. Y entonces puede tender, por consecuencia de la oferta y la demanda, a que los precios suban y el alquiler también suba o se deje de hacer, que aún será más grave ", ha dicho.
Marsà ha criticado que habrá que ofrecer una vivienda en situaciones de emergencia habitacional cuando finalicen los contratos y ha lamentado "que se haya incorporado la legalización de las ocupaciones en ciertos supuestos, a los que también tendría que ofrecerles vivienda a los ' okupas ' sin ningún título legal".
En un manifiesto junto a otros actores del sector inmobiliario, la Apce ya alertó a finales de enero de que el Decreto Ley obliga a las personas físicas o jurídicas tenedoras de más de 15 viviendas a ofrecer una renta social por un período de hasta 14 años y calculada según los ingresos de los inquilinos en riesgo de exclusión social.
"Es una anomalía europea. No conozco ningún sector que no sea monopolístico o reglado en que las cargas de la gente que está en emergencia habitacional corran a cargo de los privados. Francia este año destinará 20.000 millones de euros para complementar las rentas de las familias que están en situación de emergencia habitacional", ha añadido.
Ha criticado que la introducción de nuevas cargas de vivienda protegida comporta inseguridad jurídica; y también ha lamentado que prácticamente dan pérdidas las operaciones de todos los operadores y asociados que han intervenido "bajo unas reglas de juego, han hecho unas adquisiciones y están tramitando unos planeamientos".
Además, considera un error fijar solo un régimen de tipología de vivienda y ha alertado de que, si desaparece el concertado, que según él permitía a las clases medias un acceso a la vivienda, puede que ahora se les esté expulsando: "Por sus condicionantes no tendrán derecho a adquirir vivienda protegida o alquiler de vivienda protegida, y en cambio el concertado permitía esta figura".
