PP y VOX recurrirán por «inconstitucional» el decreto de Garzón que avala la okupación sin violencia
Los grupos políticos aprobaron en el Congreso el contenido del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios redactado en el Ministerio de Consumo
« Un real decreto que genera confusión para acelerar la inseguridad juríridica de los españoles». La portavoz en el Congreso del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, definió así de tajante el contenido incluido en el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios -que fue convalidado este jueves en el Congreso con 188 votos a favor, 154 en contra y ocho abstenciones - elaborado en el Ministerio que dirige Alberto Garzón. Desde el PP criticaron al ministro por apoyar desde el Ejecutivo la expropiación de viviendas y anunciaron la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por «dar protección» y «amparar a los okupas» y ser un «ataque a la propiedad privada» Asimismo, Gamarra criticó que la norma «no recoge ninguna medida concreta» para proteger al consumidor vulnerable y que tampoco aporta «ninguna efectividad real» en su conjunto. «Nada hay más vulnerable para un consumidor que estar bajo sus competencias», espetó Gamarra a Garzón.
Desde la bancada de Vox en la Cámara Baja también fueron muy duros con la norma y centraron su intervención en el mismo aspecto que atañe a los desahucios. En esta línea, la diputada de Vox Cristina Alicia Esteban Calonje, también anunció la interposición de otro recurso de inconstitucional frente al real decreto en base a que «el derecho a la propiedad privada es fundamental en democracia». « A los okupas, patada en el trasero . ¿Es Macron un facha ?», argumentó la diputada de Vox en referencia a la normativa para desalojar a los okupas en menos de 48 horas que ha sido aprobada recientemente en Francia. La diputada de Vox recordó que en España harían falta dos millones de viviendas sociales, pero incidió en que el Gobierno es incapaz de solucionar esta situación y lo hace ahora «a costa de la confiscación de los bienes y ahorros de los españoles». Al termino de su intervención, Esteban calificó a Garzón como «un ministro okupa que consume la propiedad ajena».
Desde el PSOE rechazaron tajantemente que ahora se invite a la okupación ilegal o se esté favoreciendo «un efecto llamada» a entrar en casas ajenas y puntualizaron que este cambio «solo afecta a los grandes tenedores» y no a los pequeños propietarios. «Solo se dan tres meses para buscar una solución habitacional en el caso de que haya menores, dependientes o mujeres víctimas de violencia generacional y si no se da solución, el lanzamiento continúa», indicó la diputada socialista Marisol Sánchez Jódar. Sánchez también se dirigió a la diputada de VOZ al asegurar que «se empieza diciendo que el ministro es un okupa y se acaba ocasionando okupaciones de la sede del Congreso por creer que es ilegítima, ilegitimando las instituciones».
«Crece la vulnerabilidad»
Durante la intervención que dio comienzo al debate, Garzón evitó pronunciarse sobre la modificación introducida en la disposición final primera a la norma antidesahucios aprobada en diciembre y solo hizo referencia a la creación de la figura del consumidor vulnerable. En la polémica disposición añadida al real decreto elaborado por su ministerio se menciona que se prohíbe la okupación solo «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas» y mientras dure el estado de alarma. Antes de que se modificara la norma en el mencionado decreto, la ley establecía que se debía desalojar la vivienda cuando la entrada en el bien inmueble fuera consecuencia de delito.
No obstante, el titular de Consumo expresó su voluntad de solicitar la tramitación del decreto como proyecto de ley , para concretar aún más sus puntos y desarrollos y con el fin de que se introduzcan enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Un extremo que también fue aprobado hoy en el Congreso por parte de los grupos políticos.
Garzón centró su discurso en hablar de las relaciones de consumo y en su intención de introducir incentivos para que la población «reoriente la protección del medio ambiente como eje central» . El titular de Consumo justificó la urgencia de esta ley en el escenario provocado por la pandemia de coronavirus y recordó que se han modificado los patrones de consumo al incrementarse «el número de transacciones online y al mismo tiempo ha crecido la pobreza y desigualdad y también la defensión y vulnerabilidad».
Garzón explicó en el Congreso que lo que se ha hecho desde el Ejecutivo de coalición es crear un marco legislativo estatal que permite los poderes públicos incidir en medidas de «protección reforzada» para los consumidores y usuarios. «Se trata de una política que viene avalada por la nueva Agenda Europea del Consumidor y por la Comisión Europea e implica ampliar el concepto de vulnerabilidad más allá de los factores económicos. Así, realidades como la brecha digital o la demografía que pueden causar indefensión y desigualdad en las relaciones de consumo», subrayó el ministro.
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