El Gobierno aprueba la figura del consumidor vulnerable para evitar abusos y fraudes
La normativa incluirá a menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial, entre otras
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley para reforzar la protección de las personas más vulnerables e indefensas en las relaciones y contratos de consumo . La figura de la persona consumidora vulnerable se incluirá a partir de ahora en un marco normativo que permitirá a las administraciones públicas corregir situaciones de abuso o fraude «agravadas en el último año por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad a causa de la Covid-19», según interpretan desde el Ministerio de Consumo.
Así la nueva figura del consumidor vulnerable no solo tendrá en cuenta el nivel socioeconómico o de renta, también incluirá a colectivos como el de menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, aquellas que tienen dificultades por la falta de accesibilidad a la información. Desde el Ministerio de Consumo entienden que estos son grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información.
«Ahora se establece un marco para que las comunidades puedan ir más allá y definir a esas personas que se incorporarían a las relaciones contractuales de consumo para que se garantice que se desarrollan sin abusos ni fraudes», ha explicado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Desplegamos una herramienta que va a ser muy importante de aquí a los próximos años y está justificada su urgencia para que se cumpla el mandato constitucional de que los poderes públicos deben proteger los derechos de las personas consumidoras», añadió Garzón.
La ley también atañe a las empresas privadas, que deberán prestar apoyo adicional al informar en la toma de decisiones «con el objetivo de que los consumidores vulnerables no vean limitada su accesibilidad». En este sentido, por primera vez se incluye en la ley de forma expresa la obligación, por parte de las empresas, de prestar los apoyos necesarios a los consumidores vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman.
«Nadie a lo largo de su vida está exento de sufrir situaciones de vulnerabilidad» ante las empresas, advirtió el ministro de Consumo. Algunos de los ejemplos mencionados por Garzón fueron las personas mayores con dificultades para el acceso a la compra online, aquellas con bajo nivel educativo a la hora de firmar contratos complejos o con residencia en lugares rurales aislados sin acceso cercano a entidades financieras y otros servicios. Otro de los grupos en los que la norma se centra es el de menores de edad, por su indefensión ante la comunicación comercial o aquellos con dificultades durante su etapa educativa para acceder a recursos tecnológicos y seguir su formación online. También se contempla la mayor protección a personas con intolerancias o alergias alimentarias que precisan de información adicional en la compra de alimentos o en restaurantes.
Modificación de la ley
Para dar luz verde a este paraguas jurídico se ha modificado la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), el real decreto-ley que desarrolla el concepto de consumidor vulnerable como aquel que, en sus relaciones de consumo, se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas , aunque sea de forma temporal, debido a sus circunstancias personales.
La protección al consumidor vulnerable recogida en este real decreto-ley se suma a la que se ha aprobado en otros sectores como la vivienda o la energía. Garzón indicó que unas relaciones de consumo «más transparentes, democráticas e igualitarias benefician al conjunto de la sociedad, sean consumidor o empresa».
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