Más de 8.000 propietarios de VTC presentan reclamaciones contra el decreto anti-Uber del Gobierno
El sector no descarta acudir al Tribunal Constitucional para intentar frenar la norma
El decreto del Gobierno que deja en manos de las comunidades las competencias sobre las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se enfrenta a un aluvión de reclamaciones. Más de 8.000 propietarios de licencias han exigido ya compensaciones ante la Dirección General de Transportes. Y se espera otros 4.000 hagan lo propio en los próximos días.
Son los cálculos que maneja la patronal del sector, Unauto VTC, que ha destacado que casi la totalidad del parque se movilizará contra el real decreto. La organización recordó asimismo que estos 12.000 propietarios de licencias reclaman el pago de una indemnización de 250.000 euros por VTC –unos 3.800 millones de euros en total– por la «expropiación tácita de las autorizaciones» que impone la norma en un plazo de cuatro a seis años. Unas compensaciones que debería ser asumida, en principio, por las comunidades autónomas.
Una vez recibidas estas reclamaciones, el Ministerio de Fomento tiene un plazo de seis meses para atenderlas. Salvo sorpresa mayúscula, su respuesta será rechazarlas, ya que el departamento dirigido por José Luis Ábalos ha ratificado el contenido de la norma en varias ocasiones.
Todo apunta por tanto a que el conflicto acabará en los tribunales. «Unauto trabajará para garantizar que el sector, que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima, puede seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena», ha asegurado la patronal del sector.
El presidente de la asociación, Eduardo Martín, da por hecho en declaraciones a este periódico que se interpondrán recursos contenciosos-administrativos y se apelará al Tribunal Constuticional para frenar el decreto. «Estamos trabajando con decenas de despachos de abogados y seguimos defendiendo que es una ley inconstitucional y parte de unos cálculos erróneos», explica.
El Gobierno, que cree que el decreto está «blindado jurídicamente», reconoce que con gracias a él se expropiarán miles de licencias . Para compensar a los propietarios no ofreció dinero, sino una moratoria en la aplicación de la norma de cuatro a seis años. Eso sí, también admitió que vez transcurrido ese periodo las comunidades podrían sacar de las calles casi todas las VTC.
Este hecho despertó dudas desde el primer momento entre los partidos políticos, lo que motivó que finalmente el decreto anti-Uber fuese convalidado como proyecto de ley por el Congreso de los Diputados el pasado 25 de octubre. En la práctica, esto permite a las formaciones presentar enmiendas para modificar el decreto. Presiviblemente, PNV y PdeCat utilizarán esta vía para reclamar que sea el Gobierno central el que se haga cargo de las posibles indemnizaciones.
Noticias relacionadas
