El Gobierno intervendrá todos los alquileres de vivienda y se abre a extender su plan más allá de junio
El Ejecutivo ha aprobado en Consejo de Ministros un amplio paquete de medidas para tratar de hacer frente a las consecuencias de la guerra y la crisis energética
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La Moncloa ignora a los empresarios en el 'plan de choque' y los autónomos demandan medidas «contundentes»
El Gobierno ha dado luz verde a su plan de choque para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania y la crisis energética. Una batería de medidas cuantificada en 16.000 millones de euros y basada en subvenciones . De nuevas rebajas de impuestos, como reclaman algunos sectores y partidos políticos, nada . Solo prórroga de las medidas tributarias ya en vigor desde el año pasado para rebajar la factura de la luz: se extiende el tipo del IVA al 10% para pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.
Las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera han sido las encargadas de comunicar las medidas. Una comparecencia en la que no ha participado la portavoz Isabel Rodríguez, como suele ser habitual.
Las tres ministras han dado cuenta de las actuaciones que tienen que ver con su ámbito de trabajo, aunque no solo. La presentación principal ha corrido a cargo de Calviño, con los objetivos del plan, las ayudas directas y la nueva línea de avales ICO . Ribera se ha ceñido a las decisiones sobre el ámbito energético y Díaz sí que ha abarcado otros ámbitos, al presentar ella la ampliación de bono social eléctrico o la intervención de los alquileres, más allá de la prohibición de despedir.
Esa citada intervención de los alquileres es una de las medidas más controvertidas del paquete de medidas. Así, el Gobierno establece que los propietarios no podrán actualizar las rentas de sus inquilinos más allá del 2% , es decir, que se vetan las actualizaciones conforme al IPC durante los tres meses (hasta el 30 de junio) que duraría este plan de choque . «El Gobierno de España tiene el mandato de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país. Personas para las que pagar la renta es un obstáculo y que a veces resulta imposible», ha explicado Díaz.
Así las cosas, los 'caseros' verán limitada su capacidad de actuación. La revalorización de los alquileres se hará en atención a dos criterios pero teniendo en cuenta el Índice de Garantía de Competitividad. Este índice solo permite alcanzar un alza del 2%, donde se ubica el tope.
El Ejecutivo distingue en su decreto entre grandes tenedores (que habitualmente se asume que son los que tienen más de 10 propiedades) y pequeños propietarios. Los primeros solo podrán aplicar ese 2%; los segundos, en cambio, podrán negociar con el inquilino pero, en todo caso, si este exige que la actualización sea conforme el citado índice, el propietario deberá acatar la decisión.
Este ha sido el segundo «mensaje fuerte» que ha transmitido Yolanda Díaz, que ha venido precedido de una advertencia a los empresarios. No será posible despedir en aquellas empresas que reciban ayudas o se acojan a ERTE. «En la crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir», ha avisado la vicepresidenta.
Asimismo, la vicepresidenta Calviño se ha abierto a ampliar el plazo en que se aplicaría este plan de choque. En teoría abarcará entre el 1 de abril y el 30 de junio , pero el Gobierno actuará en función de cómo evolucionen los problemas. «Adaptaremos estas medidas para responder a la evolución que puedan producirse de las condiciones económicas, geopolíticas, de seguridad o sociales», ha explicado.
En cuanto al precio de los carburantes, el Gobierno rebajará en al menos 20 céntimos su precio para todos los consumidores , no solo para los transportistas. 15 céntimos serán asumidos por el Estado y al menos 5 céntimos por las petroleras. Según han confirmado en el Ejecutivo, la entrada en vigor de esta rebaja será el próximo 1 de abril y se aplicará directamente sobre el repostaje. Además, para evitar que la puesta en marcha de esta medida suponga un problema de liquidez para las estaciones de servicio por la rebaja que deben aplicar, se ha habilitado que estas puedan pedir a Hacienda un adelanto a cuenta de las cantidades que vayan a necesitar.
En el plan de choque aprobado se incluye también una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 10.000 millones de euros para facilitar la concesión de nuevo crédito a las empresas que puedan sufrir problemas de liquidez a causa de la crisis. Esta línea se habilitará hasta el 31 de diciembre y los préstamos tendrán una carencia de 12 meses. Además, se flexibiliza el código de buenas prácticas que se firmó con la banca para que sea más sencillo alargar el plazo de vencimiento hasta 10 años y la carencia seis meses más en el caso de los ICO Covid.
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