El Gobierno estudia que los trabajadores puedan distribuir su jornada y otras cuatro noticias económicas
1. Rato, a un paso de entrar en prisión: el Supremo ratifica la condena por las tarjetas «black». El Alto Tribunal ratifica la sentencia por la que la Audiencia Nacional condenó en febrero de 2017 al expresidente de la entidad y a otros 65 exdirectivos por cargar al banco más de 12,5 millones de euros en gastos personales entre 2003 y 2012 con esas Visas opacas tanto a ojos de la contabilidad de la antigua caja de ahorros como del Fisco.
2. El FMI alerta de que ligar las pensiones al IPC puede «hacer peligrar el sistema» . En sus conclusiones anuales sobre la economía nacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha empeorado en una décima el crecimiento estimado del PIB este año al 2,7% debido a un «entorno externo menos propicio» y «un debilitamiento de la demanda interna». Este 2,7% supone el mismo porcentaje que pronostica el Gobierno para 2018 mientras que para el año que viene, la institución ha dejado inalterada la previsión de avance del PIB al 2,2%.
3. El Gobierno estudia que los trabajadores puedan distribuir su jornada laboral. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el Gobierno está estudiando el establecimiento de un registro horario y el reconocimiento expreso del derecho de los trabajadores a la distribución regular o previsible de su jornada de trabajo.
4. La confianza del consumidor se hunde en septiembre hasta su menor nivel en dos años. La confianza del consumidor bajó 11,9 puntos en septiembre en relación al mes anterior, ha sta situarse en 90,6 puntos, su peor dato en dos años , según los datos publicados este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
5. Garamendi ve una «barbaridad» que el Gobierno pueda gravar los beneficios de las empresas en el extranjero. El presidente de Cepyme y candidato a la Presidencia de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido este miércoles a informaciones publicadas, sobre la posibilidad de que el Gobierno grave los beneficios de las empresas españolas en el exterior, quegravar más a las empresas por sus beneficios en el extranjero es una «barbaridad».
