El Gobierno se enfrenta al Banco de España y la Airef por el plan para atajar la deuda y el déficit
La ministra de Hacienda defiende que implantar prematuramente un programa de consolidación fiscal sería contraproducente para la economía
El Gobierno de Pedro Sánchez es el del gasto. Así ha quedado demostrado en los Presupuestos de 2021 y se espera que continúe en los de 2022. Todo ello sin pensar, por ahora, en la deuda y el déficit públicos. Eso chirría en las entrañas del Banco de España y la Airef , pero sus advertencias siempre caen en saco roto.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha señalado esta mañana en el Congreso de los Diputados que implantar de manera prematura un programa de consolidación fiscal puede dañar la economía. Una defensa de la intención del Ejecutivo de seguir desbocando el gasto al menos un año más. «Un proceso de consolidación fiscal prematura sería contraproducente para la recuperación», ha dicho.
Estas palabras chocan frontalmente con lo que esperan el Banco de España y la Airef, Los presidentes de ambas instituciones, Pablo Hernández de Cos y Cristina Herrero respectivamente, han reclamado en múltiples ocasiones y desde hace meses que el Gobierno piense ya en cómo poner pie en pared con la deuda y el déficit públicos.
Con una deuda en el entorno del 115% para el año que viene y un déficit estructural que ronda el 5% a la vista de los datos, ambas organizaciones exigen ya un plan de consolidación fiscal que Montero siempre niega. Lo que quiere, por ejemplo, el Banco de España es que se piense ya en esos problemas de la sostenibilidad de las finanzas públicas para poner en marcha un plan una vez la recuperación se haya consolidado y salido de la crisis, lo que se esperaría para el año que viene. Aun así, en febrero podrían llegar sorpresas en forma de más gravámenes.
En febrero de 2022 los expertos para la reforma fiscal presentarán un informe para revolucionar el sistema impositivo y lograr una mayor recuadación. La intención del Gobierno es alcanzar una recaudación similar a la de la Unión Europea, y esto implica una subida de impuestos de unos 80.000 millones de euros .
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