El Gobierno admite que no podrá pagar los 450 millones de ayudas al transporte hasta que Bruselas dé luz verde
El Marco Temporal definido por la Comisión Europea para que los países miembros ayuden a los sectores más afectados por la crisis exige una evaluación y aprobación previa de las medidas
No todas las medidas incluidas en el plan del Gobierno para paliar los efectos de la guerra y la crisis energética en la economía entrarán en vigor el viernes. Fuentes del Gobierno admitían este martes que los 450 millones de euros de ayudas directas al sector del transporte , que incluyen el 'cheque' de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, a modo de compensación por los sobrecostes provocados por la escalada del carburante en las últimas semanas, no se podrán activar hasta que la Comisión Europea no evalúe y valide el esquema planteado por el Gobierno.
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Fuentes del Ejecutivo mostraban su confianza en que ese visto bueno se produjera de manera rápida para poder activar el paquete de ayudas lo antes posible, pero reconocían también que el procedimiento establecido en el Marco Temporal abierto por la Comisión Europea para que los países miembros ayuden a los sectores económicos más afectados por la crisis exige la evaluación y aprobación previa de Bruselas .
Rebaja de carburantes y 'toque' a las petroleras
«Queríamos un sistema que fuera rápido y eficaz». Tras varias semanas dando largas a unos y otros con el precio del carburante, el Gobierno justificó ayer así su decisión de fijar una bonificación de 20 céntimos sobre el precio de las gasolinas en lugar de, por ejemplo, bajar del 21% al 10% el IVA del carburante , como se pedía desde el flanco empresarial o desde la oposición política, por ejemplo. Defiende que es la única forma de conseguir lo que hace días que se comprometió a hacer: que el próximo viernes cuando vayan a repostar tanto transportistas profesionales como ciudadanos particulares se encuentren con la gasolina y el gasoil 20 céntimos más barato como mínimo.
El Gobierno aclaró este martes algunas singularidades sobre cómo se va a aplicar ese descuento, que se mantendrá durante los próximos tres meses . El plan gubernamental asegurará que el precio en todas las estaciones de servicio del país baje en 20 céntimos a partir del viernes, pero el modo de hacerlo será diferente según la estación de servicio.
El Ejecutivo ha querido dejar clara en la norma su percepción de que las grandes petroleras han sacado tajada de la crisis . Lo ha hecho incluyendo una disposición que obliga a los grandes operadores, definidos como aquellos que tienen capacidad de refino (Repsol, Cepsa, BP y Petronor, en España) y tienen una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, a satisfacer una 'contribución patrimonial no tributaria' de cinco céntimos por litro al Estado, en caso de que no activen ese descuento de forma voluntaria a través de su política comercial.
Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que se trata de una disposición casi simbólica, desde el momento en que todas ellas han anunciado descuentos en sus estaciones de servicio que van más allá de los cinco céntimos por litro, pero también es una cautela legal ante la eventualidad de que se resistieran a aplicar ese descuento.
La actuación será diferente en el caso de las pequeñas. La patronal que las representa, CEEES, había advertido en los últimos días de que la falta de margen para aplicar el descuento de cinco céntimos por litro y de los problemas de tesorería que les podría ocasionar tener que adelantar el descuento de 20 céntimos por litro decretado por el Gobierno. El decreto gubernamental ha respondido a ambas demandas. Por un lado, estableciendo que en el caso de los pequeños y medianos establecimiento será el Estado el que asuma los 20 céntimos por litro de descuento; y, por otro, habilitando un mecanismo especial de liquidez en la Agencia Tributaria para que las que tengan apreturas de tesorería puedan acudir a la caja de Hacienda para recibir anticipos que les permitan aplicar los descuentos.
Menos concreto ha sido el Gobierno a la hora de revelar de qué forma se va a controlar el precio que se aplica en las estaciones de servicio. El Ejecutivo no prevé ningún dispositivo especial para garantizar que la oscilación de los precios responda a las condiciones reales del mercado y dejará que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que fiscalice que las rebajas de precios se aplican de forma rigurosa por la estaciones de servicio.
Objetivo: contener la inflación
Según sus propios cálculos, el Gobierno ha puesto 6.000 millones de euros del erario público encima de la mesa para contener la escalada de los precios, pero no se atreve a vaticinar cuánto va a bajar el IPC con estas medidas . Fuentes gubernamentales consultadas por ABC esquivaron de forma expresa hacer un vaticinio al respecto y se limitaron a expresar su esperanza en que la inflación toque techo lo antes posible y baje después de forma rápida. Desde el Gobierno tampoco se aclara si se adoptaran nuevas medidas si los precios continúan en los niveles actuales.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , advirtió allá por el mes de septiembre que sus presupuestos tenían margen para adoptar medidas adicionales si el precio del recibo de la luz seguía disparado en 2022.
La profecía se ha cumplido y Montero volvió a recordar ayer que los 6.000 millones de gasto extra que el Gobierno dice haber metido en su paquete de medidas no tendrán impacto sobre el déficit porque se financiarán «con los márgenes» que han ido generando. Los márgenes vienen, por ejemplo, de los cerca de 3.000 millones de ayudas directas a las empresas que no se gastaron el año pasado o de los ingresos tributarios extra que la inflación ha dejado en las arcas públicas, y que en apenas un trimestre del año pasado hicieron que la recaudación por IVA aportara al cierre del año 3.000 millones más de lo previsto en septiembre.
