Las empresas del juego recurrirán la ley de Garzón por «proteger» a Loterías y la ONCE

Desde la patronal del juego privado discrepan con esta postura y hablan directamente de «discriminación» del Gobierno ante el trato más favorable dado a Loterías y ONCE . «Llevamos mucho tiempo solicitando que se regule la publicidad del juego, pero no estamos de acuerdo con la forma en que se ha hecho», señala el director general de Cejuego, Alejando Landaluce. «Todos los anuncios de Selae y la ONCE han prometido hasta ahora hacerte millonario, que te va a cambiar la vida o un sueldo permanente. El privado nunca ha ofertado esos premios . Entendemos, por lo tanto, que es bastante injusto el tratamiento que se nos ha dado desde el Gobierno ya que a ellos no se les pone ninguna franja horaria y se les va a seguir permitiendo patrocinar muchos eventos en televisión», afirma Landaluce. «Es tremendo que seas Estado y protejas a tus productos en detrimento de los del juego privado», sentencia.

Ante esta situación, patronales y asociaciones del juego privado en España adelantan que recurrirán la ley de Garzón. «Utilizaremos cualquier medida que nos otorgue el Estado de derecho para defender la libertad de competencia dentro del marco jurídico español», avanza Landaluce. Por su parte, el director general de JDigital, otra de las asociaciones que representa a empresas del juego online, Andrea Vota, recalca que la norma «atenta contra la libertad de mercado» y señala que tomarán las acciones que correspondan ante la Justicia. «Esta regulación es discriminatoria porque trata de distinta formas al juego público y al público y hay juegos como los rascas de la ONCE que no están sometidos a ningún control y que son de recompensa inmediata para el jugador», apostilla.

Desde el Gobierno defienden que la diferenciación entre juego público y privado se basa en que con el primero no hay tanto riesgo de caer en conductas de adicción . «La probabilidad de que los riesgos se desarrollen con las apuestas es muchísimo más alta que con cualquier otro juego. Además afecta más a un perfil de personas jóvenes con vínculos al deporte», argumentó el titular de Consumo tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto. La principal distinción para Garzón reside en la rapidez de las gratificaciones de las apuestas . «Puedes comprar un boleto de Navidad en septiembre y sabes si te toca o no en diciembre. Las apuestas son inmediatas, apuestas ahora que Messi va a meter el siguiente gol y eso tiene unos incentivos que llevan a un consumo compulsivo en muchos casos», alegó Garzón en una entrevista con ABC el pasado septiembre.

Desde JDigital también denuncian «incoherencias» y el «giro total» dado por Alberto Garzón respecto al proyecto presentado en febrero , en el que sí se permitían anuncios en retransmisiones deportivas en directo a partir de las 8 de la tarde y patrocinios en las equipaciones de los clubes profesionales. «El propio Garzón dijo hace unos meses que no quería una regulación tan prohibitiva porque eso generaría un flujo de usuarios hacia páginas web ilegales, pero, tras el confinamiento, el borrador que llegó a Bruselas era totalmente opuesto», critica Vota. En opinión del portavoz de JDigital este cambio responde a lógicas políticas «para contentar a las bases de Izquierda Unida y Podemos» . «Se le echaron encima sus electores y a partir de ahí cambió el texto y básicamente, prohibió la publicidad del juego privado online», puntualiza. Landaluce coincide con Vota en este punto. «Estamos de acuerdo en la necesidad de una regulación, pero se ha pasado del bombardeo a la prohibición casi total. No se ha contado con nosotros . Este decreto, en relación con el juego privado es mucho más restrictivo que el que había en febrero», añade Landaluce.

Desde Jdigital consideran además que el propio real decreto entraña riesgos como el de que los usuarios migren a plataformas ilegales, algo parecido a lo que ya ocurrió en Italia cuando se tuvo que dar marcha atrás a la prohibición total de la publicidad. Tampoco están de acuerdo con el daño ecónomico que supondrá en el sector a pesar de que el propio ministro haya negado el «impacto económico» gracias a la moratoria otorgada hasta el próximo agosto. «Es impensable que un gobierno vaya a dar un golpe tan fuerte en un momento de crisis a un sector que genera puestos de trabajo y con el que se recaudan unos 1.200 millones en términos de impuestos», sentenció Vota.