Las empresas industriales piden que se pueda realizar la prueba PCR al llegar a España
Desde Amec explican que la actual normativa corta la actividad empresarial de las compañías españolas en el exterior
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Las empresas industriales también están viendo parada parte de su actividad con las trabas que el Gobierno está poniendo en la red de aeropuertos españoles, entre ellas la exigencia de una prueba PCR o TMA negativa validada en las 72 horas anteriores a entrar en territorio español.
De esta forma, el director general de la asociación de las empresas industriales (Amec), Joan Tristany , lamenta esta condición que impide a los trabajadores de estas compañías realizar viajes internacionales de trabajo en plazos inferiores a 72 horas. Por lo que ha instado a a la directora general de Salud Pública , Pilar Aparicio, a que facilite la movilidad de su personal con medidas como la de realizar los controles sanitarios una vez llegado a suelo español.
Actualmente, la dirección general de Salud Pública establece que, para poder entrar a España vía transporte aéreo o marítimo, todo pasajero procedente de países considerados de riesgo por motivos de pandemia deberá disponer de una PCR con resultado negativo realizada en las setenta y dos horas previas a su llegada. A este problema se añade que en algunos de estos países el acceso a la realización de una prueba PCR es complicado o la entrega del resultado se demora más o no lo aportan en alguno de los idiomas que España reconoce como válidos en el documento (español, inglés, alemán y francés).
«Creemos que es una solución efectiva y posible, que garantiza el objeto de la resolución y permite la actividad laboral y empresarial, no limitando la actividad de nuestras empresas en el exterior », explica el director general de Amec.
Tristany ha trasladado también esta situación, y su posible solución, a los responsables de la administración relacionados con la industria y el comercio internacional, como son el secretario general de Industria , Raül Blanco; la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; y la consejera delegada de ICEX , María Peña; así como a los responsables de Economía y Empresa de las administraciones autonómicas . Todos ellos han compartido y han mostrado sensibilidad hacia esta cuestión.
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