Dos despachos de abogados denuncian al anterior consejo de administración del Popular
Una primera denuncia solicita a la Audiencia Nacional, que dirija su investigación contra el ya expresidente del Banco Popular Emilio Saracho y su vinculación con el Santander; mientras que un accionista se querella contra el anterior consejo de Popular por «conducta fraudulenta conducente al engaño»
Dos despachos de abogados han emprendido este viernes las primeras acciones judiciales en la Audiencia Nacional contra el último Consejo de Administración del Banco Popular, por la quiebra de esta entidad y su posterior adquisición por el Banco Santander por el simbólico precio de un euro.
Por un lado, Durán y Durán Abogados ha presentado este viernes una denuncia , que pide al Juzgado Central de Instrucción de guardia, que esta semana es el número 2 que dirige Ismael Moreno, que dirija su investigación contra el ya expresidente del Banco Popular Emilio Saracho.
El despacho de abogados ha destacado en su denuncia la vinculación de Saracho, antes de incorporarse al Banco Popular este año, con el Banco Santander , donde fue director general adjunto, y con la empresa financiera JP Morgan, la misma, según ha asegurado el denunciante, a la que el Consejo de Administración que presidía Saracho encomendó la venta del banco, algo que considera «sospechoso».
En este sentido, la denuncia recuerda que, según informaciones aparecidas en su momento en los medios de comunicación , por la salida de JP Morgan, Saracho recibió una indemnización de «no menos de 86 millones de euros».
Por este motivo, han añadido los denunciantes, que «sorprende que en este contexto de conflicto de intereses evidente en el presidente de un banco en la situación en que se encontraba el Banco Popular encomiende a la sociedad para la que llevaba más de 25 años trabajando el sondeo del mercado para venderlo y que acordase con JP Morgan el pago de 20 millones de euros más una comisión del 1%».
Acusaciones y ocultamiento de información
Según ha explicado la parte denunciante en el escrito presentado, el día que Saracho fue nombrado presidente del Banco Popular, la entidad tenía una valoración bursátil de 5.000 millones de euros y él siempre sostuvo que el banco era «solvente y cumplía con los requisitos» . Por este motivo ha criticado que «pese a ser plenamente consciente de la situación financiera del Banco Popular, el presidente no ha cumplido con las obligaciones que le incumbían legal y estatutariamente, llevando la compañía a la intervención e incumpliendo absolutamente con el deber de información a los propietarios del banco, es decir, a los accionistas».
Por este motivo, la denuncia sostiene que «el desenlace ha sido totalmente distinto a las manifestaciones públicas y a la información que se ha transmitido a los accionistas», por lo que pide la investigación tanto de «la contratación de los servicios de JP Morgan por parte del Consejo de Administración del Banco Popular y dilucidar si ha existido o no una conducta presuntamente constitutiva del delito de administración desleal tipificada en el artículo 252 del Código Penal», que establece penas para quien administra un patrimonio ajeno e infringe sus facultades, provocando un perjuicio en el mismo.
«En el presente supuesto, Emilio Saracho desde su nombramiento h a ocultado a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía, sin convocar Junta de accionistas para informar sobre distintas alternativas y opciones existentes para salvar la situación, de forma que el máximo órgano de administración ha rendido cuentas a terceros al margen de los accionistas», se ha subrayado desde la documentación remitida a la Audiencia Nacional.
Más de 460 clientes interesados en denunciar
El abogado Miguel Durán ha informado de que su despacho ya ha atendido a más de 460 clientes del Banco Popular interesados en iniciar acciones legales de forma individual porque se han visto afectados, en mayor o menor medida, por la quiebra de la entidad y que se sienten «engañados».
Por otra parte, Fonfría Abogados ha presentado una querell a, también en la Audiencia Nacional y en nombre de un cliente del Banco Popular, contra el Consejo de Administración y la firma encargada de la auditoría de la entidad, sin especificar cuál. A su juicio, el banco ha ejercido una «conducta fraudulenta conducente al engaño y la difamación de información contable falsa» .
Según la querella, el cliente afectado adquirió un total de 104.009 títulos del Banco Popular , de las cuales 65.703 están depositadas en el propio Banco Popular y 38.306 en Bankinter. Por lo tanto, tras la compra de la entidad por el Banco Santander, le resulta «imposible» recuperar el dinero invertido, así como ejercer sus derechos como accionista.
«Total oscurantismo y opacidad»
El querellante ha denunciado el «total oscurantismo y opacidad» demostrados por el Banco Popular y su auditoría en lo referente a la situación contable, pues ha considerado que los clientes «invirtieron o compraron acciones confiando en una información incompleta o errónea o, incluso, falsa» y que, «de haber conocido la verdadera situación de la entidad, no hubieran hecho la inversión».
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