El coste del nuevo colchón anticrisis complica el futuro a la banca mediana
La agencia de calificación Fitch señala también problemas de morosidad iguales o mayores que los del Popular en bancos de Italia, Grecia y Alemania
La consolidación bancaria que vive Europa, y sobre todo España, se resume en grandes grupos bancarios sanos absorbiendo -y rescatando- entidades más pequeñas en apuros. Ahora bien, no solo los errores de gestión comprometen la independencia futura de una parte del sector, sino que también la regulación ejerce una presión a veces insalvable. Las autoridades europeas están diseñando unos nuevos requisitos de recursos propios -capital y deuda- que las entidades deberán tener en su balance para cubrir pérdidas y evitar el uso de ayudas públicas en caso de dificultades. El elevado coste de emisión de esos instrumentos puede ser inasumible para los bancos de menor tamaño, obligándoles a fusionarse con competidores mayores.
«No cabe duda de que su implementación, si bien supone un gran beneficio para la estabilidad financiera, puede suponer un desafío importante para las entidades , especialmente para las de pequeño y mediano tamaño que, como consecuencia de su modelo de negocio, no gozan de la misma experiencia para acudir a los mercados de deuda que el resto», avisaba hace dos semanas en una intervención pública el subgobernador del Banco de España , Javier Alonso, reclamando que «estos requerimientos no supongan un lastre adicional a la rentabilidad de estas entidades ni condicionen en exceso su modelo de negocio».
La Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) trabajan actualmente en la definición final de las ratios finales de ese requerimiento mínimo de recursos propios y pasivos computables (por sus siglas en inglés, MREL para bancos pequeños y medianos y TLAC para los sistémicos).
Este colchón anticrisis deberá estar formado por capital, bonos contingentes convertibles («cocos», en el argot financiero) y deuda híbrida con capacidad para absorber pérdidas. Así, y en caso de quiebra, la factura de la resolución no la pagarán los contribuyentes sino los accionistas y bonistas de la entidad, lo que refuerza el nuevo mecanismo de resolución europeo, que ya ha sido aplicado en el caso de Banco Popular.
Aunque la definición de estos requerimientos acumula cierto retraso y no es esperable que sean exigibles antes del 1 de enero de 2019, las principales entidades financieras de Europa ya están ejecutando enormes emisiones de deuda y, sobre todo, «cocos», para ir cubriendo ese colchón. El Santander , por ejemplo, anunció a principios de año que entre 2017 y 2018 emitirá emitirá entre 43.000 y 57.000 millones de euros en deuda para cumplir con la norma, y solo el pasado abril emitió 750 millones en «cocos». BBVA ha colocado 500 millones de ese mismo tipo de deuda, Caixabank 1.000 y el Sabadell 750 millones de euros.
Influencia del caso Popular
La peculiaridad principal de este tipo de bonos es que, en caso de que la ratio de capital o solvencia del banco emisor baje de determinado umbral, esa deuda se convierte en acciones, siendo por tanto objeto de pérdidas. De ahí que lo inversores suelan exigir un cupón mayor: en el caso de los grandes bancos españoles ronda el 6,5%.
Fuentes del sector aseguran que si ese es el interés que los mercados están exigiendo cobrar a las entidades más sanas, el coste será mucho mayor para bancos medianos y pequeños y sobre los que las dudas son mayores . Valga de ejemplo que mientras Bankia emitió este año deuda subordinada al 3,37%, BMN, entidad que va a absorber, paga un 9% por sus títulos.
La banca coincide en señalar que esa factura se incrementará ahora porque la reciente aplicación de pérdidas a accionistas y bonistas del Popular, Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca para su rescate ha provocado mayor recelo de los inversores. Esos temores castigarán sobre todo a la banca pequeña y mediana.
De ahí que en el sector financiero se considere que esa presión de financiación podría ser un catalizador de futuras operaciones corporativas. En ese sentido, en España se señala a los bancos procedentes de antiguas cajas medianas, como Liberbank , Ibercaja y Unicaja, como las que más presión podrían sufrir al respecto. «Cuando uno mira al futuro, las obligaciones de emisión del MREL significan procesos de concentración de entidades pequeñas, porque se exige emitir títulos que son difíciles de colocar a inversores institucionales sin una referencia», admitía recientemente el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
El Banco de España admite que con objeto de facilitar la absorción por los mercados de ese elevado volumen de emisiones para cumplir con los requisitos, debe establecerse un periodo de transición adecuado para la introducción de los requerimientos de MREL.
Problema de morosidad
A ello hay que sumar la preocupación que existe en el Banco Central Europeo (BCE) por la elevada carga de activos improductivos que muchos bancos europeos, como los italianos, todavía soportan en sus balances. De hecho, el supervisor comunitario ha exigido ya a las entidades planes de reducción de sus créditos morosos y activos adjudicados.
Esta misma semana la directora del grupo de instituciones financieras de Fitch, Bridget Gandy, apuntaba a problemas de morosidad similares o superiores a los del Popular en varios bancos medianos europeos , según informaba ayer la prensa económica. En concreto, señalaba a los griegos Hellenic Bank, Piraeus, Banco Nacional de Grecia, Eurobank y Alpha; los italianos Monte dei Paschi, Popolare di Vicenza, Veneto, Carige y Credit Valtellinese; los alemanes HSH Norbank y Bremer Landesbank, y los españoles Liberbank y BMN, este último ya en proceso de absorción por Bankia.
Pues bien, según la agencia de calificación crediticia el volumen de activos problemáticos sin las coberturas necesarias que acumulan estas entidades podría dejarlas sin fondos propios en caso de reconocer esas pérdidas. Y si no se declaran insolventes es por el sostén de los reguladores.
De hecho, Bankia ya informó de que debe elevar las provisiones de BMN en 700 millones de euros para alcanzar un nivel de coberturas óptimo. Y el Santander, cuando anunció la absorción del Popular, develó un déficit de dotaciones de 7.200 millones.
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