El Congreso vota este jueves aprobar una renta mínima de 426 euros para las familias sin recursos

La mayoría de los partidos políticos del Congreso apoyará este jueves la Ley de renta mínima que contempla una prestación mínima de 426 euros para las familias sin recursos o en situación de exclusión social y que proviene de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de los sindicatos, UGT y CCOO.

El pleno del Congreso debate y vota esta proposición de Ley que ha sido respaldada por más de 700.000 firmas y que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y de Ciudadanos.

De esta forma si la proposición de Ley es tomada en consideración y sigue su tramitación sería la segunda ILP desde 1977 que se convierte en Ley , ya que de las 12 que han sido admitidas con las 500.000 firmas necesarias, solo una relativa a la reclamación de deudas hipotecarias y que supuso una modificación de la ley de propiedad horizontal tuvo rango legal.

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, asistirán al debate de la iniciativa después de que la defendieran en la Comisión de Empleo del Congreso el pasado 19 de enero cuando señalaron que esta prestación debe prolongarse mientras la persona carezca de empleo y recursos económicos.

Los dirigentes sindicales insistieron en que esta renta mínima debe ser un derecho y no estar condicionada a la disponibilidad presupuestaria y explicaron que afectaría a casi dos millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales.

La cuantía de esta prestación de ingresos mínimo estaría en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) , unos 426 euros, y a la vez se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

El grupo parlamentario socialista ha defendido esta renta y ha valorado que esté vinculada a la búsqueda del empleo y sea financiada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Además, pretenden que se aumente la prestación por hijo a cargo de forma "significativa" dentro del trámite de la Ley, en función de los ingresos familiares.