El Congreso debate la ampliación a 26 semanas del permiso de maternidad para familias monoparentales

El Congreso de los Diputados debate este martes la ampliación del permisos de paternidad y maternidad para las familias monoparentales hasta las 26 semanas, a propuesta del Partido Popular. Así, los partidos decidirán si dar aire a esta medida prevista como parte de las propuestas del grupo parlamentario popular para apoyar la maternidad.

Recuerdan desde la oposición en la exposición de motivos del proyecto de ley que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2019 había en nuestro país casi 1,9 millones de hogares monoparentales, de los que más de 1,5 millones estaban encabezados por mujeres (el 81% del total), mientras que unas 358.000 familias el referente era el varón.

«Si nos atendemos al tenor literal de las leyes que regulan los permisos de maternidad y paternidad, el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público, veremos que ambos textos ignoran las peculiaridades de las familias monoparentales», apunta el PP en la exposición de motivos. Además, se argumenta al respecto que si bien en ambos textos se reconoce el derecho a ambos progenitores a un permiso de 16 semanas tras el parto o la adopción -de las cuales seis deben ser inmediatamente posteriores a este momento, permitiendo que las restantes sean solicitadas por los progenitores de modo sucesivo, lo que hace que los menores puedan disfrutar de 26 semanas de cuidados-, aunque el menor de hijo de familia monoparental solo podrá disfrutar de las 16 semanas correspondientes al único padre o madre con el que cuenta.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra , defendía hace escasas semanas, en el momento del registro del proyecto de ley en la Cámara Baja, que «hay que prestar más atención a cómo incrementar la natalidad y no seguir constantemente volviendo al aspecto del aborto» tras ser preguntada sobre si aprecia algún problema en la aplicación de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010.

«La actual legislación está pendiente de un recurso del Tribunal Constitucional y cuando eso se resuelva quedará todo perfectamente claro y despejado«, ha argumentado Gamarra sobre una resolución que acumula ya once años de retraso.

En concreto, el PP impugnó el artículo que regula la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas de gestación si así lo decide la mujer, el que establece que las que tengan entre 16 y 18 años podrán hacerlo sin consentimiento de sus progenitores y el que obliga a la enseñanza de materias relativas a la salud sexual y reproductiva «desde una perspectiva ideológica de género». En virtud de aquel recurso, el PP también considera inconstitucional «que se obligue a la práctica clínica de abortos» y lo relativo a la objeción de conciencia, por limitarla sólo a parte del personal sanitario y exigir requisitos que, a su juicio, limitan su ejercicio.