Baleares aprueba un decreto ley para intentar situar en el mercado más viviendas a precios asequibles
La nueva norma impulsada por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol contempla también varias medidas de carácter social
El Ejecutivo balear ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este viernes un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda , con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan incrementar el parque de vivienda de protección oficial de gestión pública, facilitar la entrada al mercado de viviendas a precios asequibles y también hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social. El decreto ley deberá ser validado ahora por el Parlamento balear, en un plazo de 30 días.
Cabe recordar que en Baleares gobierna un tripartito conformado por el PSOE, la formación ecosoberanista MÉS y Unidas Podemos, bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol. Tras el Consejo de Gobierno, ha comparecido en rueda de prensa el consejero autonómico de Movilidad y Vivienda, el socialista Marc Pons, quien ha dado a conocer las principales medidas contempladas en el nuevo decreto ley.
Así, Pons ha explicado que dicho decreto amplía el derecho de tanteo y retracto a favor del Govern, de forma que podrá adquirir de forma preferente Viviendas de Protección Oficial (VPO), suelo y las viviendas implicadas en todas las operaciones entre grandes tenedores, siempre que las viviendas procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago. Asimismo, se incorporan ahora más facilidades para construir viviendas dotacionales, es decir, alojamientos temporales para situaciones de dificultades y para determinados colectivos, pues se podrán construir en suelo destinado a equipamientos.
Medidas novedosas
El consejero también ha indicado que el decreto ley aprobado este viernes establece nuevas fórmulas para implicar a la iniciativa privada en la construcción de viviendas de protección oficial. En ese sentido, se incluye la cesión de suelo público a personas físicas o jurídicas para la construcción de viviendas de protección oficial de alquiler con fijación de precios máximos y retorno a la Administración de las viviendas en un plazo de 50 años.
El nuevo decreto contempla, asimismo, medidas concretas para intentar evitar las demoras que provocan los actuales trámites burocráticos, ya que se definen mecanismos para ganar agilidad administrativa. Cabe destacar, en ese sentido, que el Consejo de Gobierno podrá aprobar la construcción de un proyecto si en dos meses no se ha contestado a la preceptiva petición de licencia. Además, los colegios profesionales colaborarán con la Administración para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas.
En clave ya más social, el decreto ley obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de iniciar un procedimiento de desahucio, fija también un régimen único de VPO con el objetivo de disponer de viviendas más asequibles e introduce sanciones para perseguir la publicidad y la comercialización de infraviviendas.
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