El PSC apoya en Cataluña prohibir los desahucios de forma permanente
El Gobierno debate la letra pequeña del real decreto antidesahucios con el plazo de la moratoria como principal foco de conflicto en el Gobierno
El PSC apoyó el pasado viernes una moción en el Ayuntamiento de Barcelona que insta al Gobierno central a prohibir los desahucios de manera permanente, lo que supone ir un paso más allá incluso de lo defendido por Unidas Podemos en la enmienda a los Presupuestos que registró, a espaldas del PSOE, junto a ERC y Bildu . La enmienda finalmente fue retirada ayer pero el pulso en el seno del Gobierno continúa a cuenta de la letra pequeña del real decreto que se ha comprometido a sacar el Gobierno en el plazo de dos semanas.
Las discrepancias en torno al plazo hasta donde se debe llevar el freno a los desalojos centran ahora la discusiones entre PSOE y Podemos. Mientras el primero quiere ligarlo al fin del estado de alarma, la formación morada es partidaria de extenderlo hasta 2023. Por eso la moción apoyada por el PSC se ha convertido en el argumento perfecto con el que los de Iglesias están tratando de doblar el brazo al PSOE .
Según reza en el texto aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona, los grupos firmantes, ERC, PDeCat y PSC, expresan su «más absoluto apoyo» a la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y solicitan al Gobierno del Estado «la aprobación inmediata de un nuevo decreto que suspenda TODOS los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que no tengan la alternativa de una vivienda digna, segura y estable, adoptando las compensaciones adecuadas, en caso de que fuera necesario, en los desahucios de pequeño propietario».
En cuanto al plazo de la moratoria, la moción detalla que «deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de vivienda que debe regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios que no cuenten con una vivienda alternativa». Los grupos aseguran que así se daría cimplimiento al artículo 47 de la Constitución y «a las diferentes medidas que las Naciones Unidas recomienda en España para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de Derechos Humanos».
El gesto no es menor, porque lo cierto es que el Gobierno ha tomado Cataluña, donde colectivos como la PAH y el Sindicato de Inquilinos tienen un gran peso, como un modelo a seguir en materia de vivienda. Los límites al alquiler que aprobó la Generalitat el pasado mes de septiembre han servido de modelo para el Ejecutivo, que pretende aprobar unas restricciones similares en la ley de vivienda que aprobará a principios de año. Y ahora el Ejecutivo vuelve a mirar a la comunidad para imponer la prohibición de los desahucios.
El pasado 2 de noviembre, el consejero de Territorio de la Generalitat, Damiá Calvet, anunció que el Govern preparaba un decreto para suspender los desahucios de familias vulnerables, incluso aunque estas hayan okupado un inmueble , siempre que el propietario de la vivienda sea un gran tenedor. Apenas un día más tarde, Unidas Podemos hacía suya la reivindicación de prohibir los desahucios durante la pandemia, hasta el punto de lanzar un pulso al Partido Socialista por este asunto. El PSOE se vio obligado a ceder, pero en privado el ala socialista del Gobierno expone sus reticencias a una medida tan tajante como esta.
Las inmobiliarias consideran que este tipo de medidas es una carta blanca para la okupación ilegal de inmuebles. Y recuerdan que las denuncias por ocupaciones crecieron un 5% durante el primer semestre del año, hasta los 7.450 casos. Precisamente, Cataluña fue una de las comunidades más afectadas por este fenómeno y acumuló casi la mitad de los casos, 3.611.
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