Airef aprieta al Gobierno para que autorice la evaluación de los rescates financieros avalados por el ICO
La presidenta del organismo, Cristina Herrero, recuerda que es una recomendación del Ecofin y que hay países como Francia e Italia que ya han empezado a hacerlo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) espera que el Gobierno le dé luz verde en las próximas semanas para evaluar la eficacia de los cerca de 140.000 millones de euros de recursos públicos empeñados en la financiación de los rescates financieros a autónomos, pymes y grandes empresas a través de la línea de avales del ICO durante lo más duro de la pandemia. La presidente de la institución, Cristina Herrero , ha considerado este miércoles como «pertinente» poner bajo el microscopio el mayor programa de avales públicos de la historia de España en la tercera fase del ejercicio de revisión del gasto público también conocido como 'spending review' y ha recordado que el examen de la que ha sido la principal política de apoyo al sector empresarial del Gobierno es una recomendación del Ecofin - el consejo de ministros de finanzas de la UE - y ya se está llevando a cabo en países como Italia o Francia .
Herrero ha subrayado que más allá de que se trate de una política puntual de respuesta a una situación excepcional es importante saber si se ejecutó de la forma más eficaz posible , también porque es susceptible de tener una afectación importante sobre la finanzas públicas y sobre el déficit en el caso de que no se produzcan los reembolsos que se esperan. El nuevo director de la División de Evaluación del Gasto Público de Airef, José María Casado , ha recalcado también que el análisis tiene un interés singular desde la perspectiva de que España ha optado por la vía de facilitar financiación a las empresas y no de entregarles ayudas directas, como ha ocurrido en otros países, y es una manera de saber hasta qué punto esa decisión ha sido acertada.
Desde Airef se entiende que la evaluación de las ayudas de la línea de avales del ICO va implícita en los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con la Comisión Europea en el marco de componente 29 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia , en el que se afirma que el Ministerio de Hacienda elevará una propuesta al Consejo de Ministros para incluir en el proceso de revisión del gasto público las 'Líneas de préstamos, ayudas y demás instrumentos financieros al tejido empresarial por parte de las entidades del sector público'. Pero la institución también reconoce que no puede hacer nada en tanto esa evaluación no se incluya en su Plan de Acción para 2022, cuya aprobación corresponde al Consejo de Ministros.
La línea de avales del ICO es de lejos el más importante, pero no es el único programa de líneas de préstamos, avales o garantías financiado por el Estado. Ahí se enmarcan también unos 8.000 millones de euros de ayudas a la internacionalización, la I+D, la industria, la digitalización o el turismo. La Autoridad Independiente entiende que no tendría sentido evaluar esas ayudas e ignorar el examen de los 140.000 millones de las líneas ICO.
Falta de diálogo con el Gobierno
Parte de la incertidumbre respecto al asunto de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal viene de la falta de diálogo con el Gobierno a la hora de definir las políticas a evaluar en el 'spending review' para el periodo 2022-2026. El componente 29 del contrato operativo del Gobierno de España con Bruselas prevé la "selección de manera conjunta y coordinada con la Airef" de las políticas a evaluar, pero la institución admite que al menos hasta la fecha ese diálogo no se ha producido .
La presidente de la Airef ha sido explícita al expresar que espera que el Plan de Acción no presente una lista cerrada de políticas a evaluar sino que permita cierto margen de maniobra a la Autoridad Fiscal a la hora de incluir determinados campos que se entienda que es importante examinar.
Otro foco de incertidumbre que inquieta al organismo es el acceso a la información necesaria para realizar su trabajo, una información que no está fluyendo con toda la agilidad que sería aconsejable. Airef, por ejemplo, tenía el encargo legal de realizar una primera evaluación del funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el primer trimestre del año, pero a día de hoy continúan esperando la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Agencia Tributaria para poder disponer de la información necesaria para poder realizar esa evaluación.
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