Ofensiva de las entidades de gestión para que Cultura obligue a Google a pagar por los derechos de autor
Cedro pide recuperar la gestión colectiva obligatoria en la semana en que el Congreso votará el real decreto ley que la suprime
A escasos días de que el Congreso deba decidir si da el visto bueno al real decreto ley propuesto por el Gobierno para un nuevo modelo de gestión de derechos de autor que consolida la posición de ventaja de las grandes tecnológicas sobre los creadores de contenidos, las entidades de gestión queman sus últimos cartuchos para que la transposición de la directiva europea se tramite como proyecto de ley y se pueda recuperar la gestión colectiva obligatoria .
Si la semana pasada fue la Asociación Colegial de Escritores quien subrayó que la gestión colectiva es la única vía de que los creadores reciban una remuneración adecuada por el uso de sus contenidos por parte de plataformas como Google o Youtube, este lunes ha sido Cedro la entidad que se ha posicionado a favor de la gestión colectiva, la «única forma, justa, equitativa, imparcial y transparente de respetar los derechos de los creadores».
En la nota difundida hoy, la asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras solicita que se revise el artículo 129 bis del real decreto ley porque, a su juicio, «favorece injusta y desproporcionalmente a las plataformas digitales al introducir límites al derecho de autor, no amparados en el marco europeo, lo que les permite reproducir y compartir digitalmente contenidos, sin la debida autorización de sus titulares en determinados servicios, como los buscadores».
Hay que recordar que la legislación vigente estos años exigía a las grandes plataformas negociar con las entidades de gestión de derechos de autor el pago de un canon por el uso de sus contenidos en sus agregadores de noticias y buscadores, algo que compañías como Google siempre han rechazado. Este fue el motivo que propició el cierre de Google Noticias en 2014. Que Google tardara unas pocas horas en anunciar su regreso para 2022 , tras suprimirse la gestión colectiva obligatoria, da una idea de quién ha salido ganando con la nueva regulación.
El debate y votación del real decreto ley irá al Congreso esta semana, el miércoles o el jueves, y aunque cabe la posibilidad de que se apruebe su tramitación vía proyecto de ley, lo que permitiría un debate parlamentario más amplio y la posibilidad de cambiar el articulado, las fuentes consultadas advierten de que con casi total seguridad el texto será aprobado tal y como salió del Consejo de Ministros . El Gobierno envió al Congreso varios reales decretos leyes en el mismo paquete y serán estos, en su conjunto y no de manera individual, los que serán sometidos a votación.
Jorge Corrales , director general de Cedro, ha explicado a ABC que la interlocución con el Gobierno durante los últimos meses ha sido nula. «Uribes sí se reunió con todos los sectores, no solo nosotros, y se comprometió a enviarnos el borrador del real decreto. Con el cambio de ministro ha habido un cambio de postura y no nos han atendido. No nos pasaron el texto. Nos hemos enterado por su publicación en el BOE», afirma.
El Gobierno estaba obligado a aprobar la adaptación al marco europeo antes del 7 de junio, pero lo hizo en noviembre, con cinco meses de retraso y sin atender a las exigencias de buena parte del sector. Con esta regulación, denuncian las entidades, ahora las grandes compañías podrán llegar a acuerdos opacos con los editores para usar sus contenidos sin remunerar los derechos de autor . Esto es pan para hoy y hambre para mañana, denuncian las entidades, pues las plataformas pueden garantizarse con un pago inicial el uso ilimitado de contenidos publicados en medios de comunicación, por ejemplo.
«Nuestras peticiones no se han reflejado en la ley», explica Corrales. «Se marca un terreno de juego que favorece a las grandes tecnológicas. La gestión colectiva obligatoria es la única herramienta que aporta transparencia a todos los procesos. Con esta ley, se produce una situación de desequilibrio en todo el conjunto». Cedro advierte de que, sin esa posición de fuerza que garantizan las entidades de gestión, los autores que quieran negociar el pago de un canon con Google lo harán desde una posición de inferioridad.
En lugar de seguir el modelo alemán, el ideal según las entidades de gestión, o incluso el italiano, que sin ser tan garantista sí recoge la obligación de remunerar a los autores, el Ministerio de Cultura ha optado por copiar «el mal caso francés». «No debemos perder de vista que el punto fuerte de España, como país, es la la creación cultural, no las plataformas tecnológicas. Deberíamos fijar un marco legislativo que consolide el talento que tenemos en el país. Va a ser muy difícil mantener la ventaja competitiva si no apoyamos a los creadores», señala Corrales.
En su nota, Cedro, que representa a 27.414 autores y 2.444 editores, indica que el Real Decreto-ley 24/2021 «no cumple el mandato de la directiva de establecer sistemas eficaces de remuneración ni de distribución, entre los distintos titulares, de los ingresos derivados de dichos usos digitales». Y concluye: «Lo justo al transponer la directiva europea es seguir un sistema de tramitación que permita incorporar enmiendas que hagan viable la protección –también de los autores– en el mercado único digital y para ello la solución es fácil: gestión colectiva obligatoria en el mercado único digital»
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