El burofax del club a aficionados y su recorrido legal: «Se quiere inculcar una cultura del miedo»

A menos de dos semanas para el comienzo de La Liga 2024/2025 el ambiente en torno al Cádiz CF está más caldeado que nunca. Si se podía echar más leña al fuego y que la hoguera ardiera más, el club se ha ocupado de ello con una nueva polémica de la que, por cierto, ya había avisado el presidente Manuel Vizcaíno al acabar la pasada temporada recordando que «se denunciarán todos y cada uno de los insultos, en el estadio o en redes sociales porque hay una línea que no se puede cruzar».

El caso es que nadie esperaba que esa denuncia, lícita y lógica, de las faltas de respeto y/o insultos que no solo el presidente y su vicepresidente, Rafael Contreras, reciben en las redes sociales se fuera a producir de esta forma. El club ha enviado varios burofaxes destinados principalmente a miembros del colectivo Alma Cadista con la idea de que se identifiquen con nombre y apellidos y corroboren si forman parte del mismo y si estuvieron presentes en la protesta previa al Cádiz - Getafe de la pasada temporada. Una manifestación que, curiosamente, no convocó Alma Cadista sino que lo hizo Brigadas Amarillas. No obstante, desde el club consideran que en aquella protesta se cruzaron varias líneas rojas con diversas faltas de respeto y ataques en todos los sentidos a la directiva.

Y de esos fangos vienen estos lodos. Ahora el Cádiz quiere identificar a personas con las que ya tuvo alguna reunión no hace mucho. El envio de estos burofaxes busca eso, aunque «es más un aviso que otra cosa. La sensación es que el Cádiz quiere dar un susto a aficionados críticos o que pueden haberse pasado de la raya», explica Sergio Aragón, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz.

«No encuentro finalidad para el envio del burofax porque el Cádiz CF sabe perfectamente a quiénes se dirigen esas cartas y quiénes forman parte del colectivo Alma Cadista. Cádiz es muy pequeño, todos nos conocemos y por eso no tiene sentido este tipo de comunicaciones», apunta el abogado.

Sobre la legalidad del mismo y cómo el Cádiz CF ha usado los datos de los abonados para el envio de estos requerimientos, Aragón recuerda que «hay que separar el asunto de la Ley de Protección de Datos (LOPD). Habría que ver cómo se han obtenido esos datos y si esa obtención estaba destinado para un uso de este tipo. Habría que ver lo que los abonados han aceptado referente a la LOPD y si en esa aprobación está que el Cádiz CF les pueda enviar un burofax de este tipo«.

Con todo, el club amarillo se ampara en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta Ley prevé sanciones de diferente tipo en función de lo que se produzca dentro y fuera de un terreno de juego. Sanciones pecuniarias o no, en función de la gravedad del delito. «El Cádiz entiende que se han producido ciertas conductas violentas y el burofax es también una reserva de acciones legales en función de la Ley. Con esta carta se pretende identificar a estas personas y darles un aviso que ciertas conductas, violentas, según el Cádiz CF, deben dejar de reproducirse porque en dicho caso se iniciaran las acciones legales que estimen», explica el abogado Sergio Aragón.

Con todo, lo que está claro es que este tipo de acciones ahondan aún más en la relación de la entidad con una parte de su afición, ya que como recuerda el abogado «no es habitual este tipo de medidas por parte de un club de fútbol. El presidente de un club debe estar muy por encima de este tipo de cuestiones y lo que considero es que se abre aún más la distancia con ciertos aficionados. Además en un momento delicado porque estamos en el inicio de una nueva temporada», sentencia Aragón.

Opinión que secundan otros expertos en derecho, en este caso el abogado Manuel Mariño que recuerda que este tipo de comunicación del club «no tiene ninguna relevancia jurídica. Aunque esos aficiondos contesten no creo que el Cádiz pueda ir mucho más allá. No hay una importancia jurídica excesiva».

«Si pasó algo en esa protesta ya no es responsabilidad de una persona en concreto. Al final creo que el burofax busca más amedrentar que otra cosa, no hay más», destaca Mariño.

Asimismo, Álvaro Illesca, también abogado, recuerda que «son requirimientos sin sentido jurídico porque le piden a un particular que ofrezca información sobre sus votos, actos o si han secundado una protesta. Nadie tiene por qué hacerlo si este tipo de actos no son ilegales. Creo que el departeamento jurídico del Cádiz se está extralimitando y poniendo una cultura del miedo a los aficionados:»

Al respecto, el abogado recuerda que «si la directiva considera que su honor se ha vulnerado deben iniciar las acciones legales pertinentes pero no pedirle a una persona privada que informe sobre sus actos o decisiones. Es un burofax sin recorrido jurídico y sin pies ni cabeza», concluye Illescas.