María Ángeles conoció el peso de la justicia en 2001, cuando el Estado le encargó un veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de Gabriel Munteanu. Su nombre había salido elegido para ejercer de jurado popular en el proceso en el que se acusaba a este rumano de haber degollado a Danielle Taillefert, una asistente social que lo había acogido en su casa de Logroño. Cuando la entrevistaron para el puesto, le preguntaron si prefería ver a un inocente en la cárcel antes que a un asesino en la calle. No dudó en responder: «Un asesino en la calle». Intentó librarse de la responsabilidad: «Les dije que mi marido estaba enfermo y mi hijo también y me respondieron que me mandarían a casa una enfermera», comenta esta matrona riojana, ya jubilada, de 68 años. Tuvo que ver las fotos de la mujer degollada y soportar las miradas amenazantes del acusado. «Fue un caso muy duro, pero lo peor fue la responsabilidad de no ser un profesional de la justicia y tener que soltar o mandar a la cárcel a alguien... ¿Y si yo no había entendido bien algo? ¿Y si nos equivocábamos?». María Ángeles aún recuerda «aquellos días horribles» en los que soñaba con equivocarse, a pesar de que el acusado era un asesino confeso. Por eso resulta fácil entender las que tuvieron que pasar los nueve españoles que decidieron durante 26 sesiones el futuro de Francisco Camps y Ricardo Costa. Esta es la vida de los hombres y mujeres a los que les toca ser jueces por un día.
La tarea no es nueva, ni es una costumbre tomada de películas como 'Doce hombres sin piedad', de Sidney Lumet. En 1888, algunos delitos de prensa en España ya se juzgaban por jurado popular y la experiencia se repitió en la Segunda República. La actual Constitución Española recomendaba que se proclamara una Ley del Jurado, que no llegó a fraguar hasta 1995. Meses antes, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja hizo el primer ensayo. Ignacio Espinosa era el juez de un proceso que seguía también un tribunal popular sin decisión vinculante. Fue un ensayo divertido, pero empezó solo regular. Juzgaban a un hombre por conducir ebrio: Espinosa lo declaró culpable; el jurado, no.
- ¿Son más duros o más blandos que un tribunal profesional?
- Depende de la cuestión -responde Espinosa-. Suelen ser más severos en los delitos de sangre o violentos porque se ponen muchas veces en el sitio de la víctima. En cambio, en otros delitos como los que van en contra de la seguridad en el tráfico tienden a mostrarse más benévolos y a pensar que le puede pasar a cualquiera.
Desde 1995, miles de personas han pasado por este trago. Y mañana le puede tocar a usted mismo. Cada dos años, la mano ciega de la Justicia señala con un dedo los nombres entre los españoles mayores de edad.
En cada Audiencia Provincial se eligen a cincuenta personas por cada juicio con jurado popular previsto en los siguientes 24 meses. En Madrid, hace dos años los seleccionados fueron 5.000.
Cuando el tribunal decide que necesita un jurado para una vista oral, convocan a 50 personas de esa 'bolsa'. No argumente que no tiene ni idea de leyes, porque de eso se trata: todos deben ser legos en Derecho, es decir, quedan excluidos abogados, jueces, fiscales... Si tiene suerte, se puede librar por varias razones: ser mayor de 65 años, vivir fuera de la ciudad, estar incapacitado física o mentalmente o haber sido condenado. De lo contrario, tendrá que presentarse en la sala, sí o sí. También puede ser recusado por una de las partes si tiene relación con el acusado o con el caso que se enjuicia. «Si pertenece a una asociación a favor de la castración de los agresores sexuales no puede juzgar a un asesino violador, es obvio», explica Ignacio Espinosa.
Cinco contra cuatro
De la 'bolsa' de cincuenta elegirán a nueve titulares (en el juicio de Camps fueron tres mujeres y seis hombres) y a dos suplentes (que harán de todo menos votar el veredicto). Acuden a las vistas, escuchan a las partes y deliberan hasta tomar una decisión que, a diferencia de Estados Unidos, no tiene por qué ser unánime. En el caso del juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana, cinco lo declararon 'no culpable'; cuatro pensaban lo contrario. Para poder condenarlo habrían necesitado ser siete contra dos. El 'gol average' de la inocencia funciona así: menos de siete 'culpables'... a la calle. O sea, con cinco, cuatro o menos votos en contra, el acusado se libra. ¿Y si son seis 'culpables' contra tres 'no culpables'? Pues no vale... Tendrían que seguir deliverando y repetir el voto. Tampoco sirve abstenerse por no tener clara la decisión: implica una multa y en un borrador de la Ley se consideró incluso la pena de cárcel por no pronunciarse.
Los tribunales profesionales se reservan las causas más complicadas. Un jurado popular no puede juzgar cualquier tipo de delito, solamente algunos como asesinatos, homicidios, los cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales públicos), los que van contra el honor (calumnias e injurias), incendios forestales... El resto del Código Penal (cientos de infracciones como las agresiones sexuales, la amplia gama de delitos contra la propiedad, el tráfico de drogas, o los actos terroristas) son tratados por profesionales.
Las sesiones sí que tienen algo de película de Hollywood. Lo sabe bien el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que admite que en el juicio dependen de «la habilidad, la capacidad de comunicación y el discurso» del abogado y del fiscal. «Cuentan la empatía y la capacidad para conmover».
Jurados 'impopulares'
Con todo, deciden nueve personas y deliberar nunca es fácil. A veces, las sesiones se alargan. En ese caso, sus improvisadas señorías deben hacer noche en un hotel concertado por la Audiencia. No pueden tener contacto con el exterior, ni acceso a internet, ni prensa, ni televisión, ni radio. Les quitan los móviles. Están controlados por la Guardia Civil o la policía autonómica, que no les deja ni a sol ni a sombra. Y si tienen que acudir al baño les acompaña un agente. Todo tiene que ver con cierto 'fairplay' jurídico: si existe alguna duda, llaman para resolverla al presidente de la sala, al que acompañan el fiscal y el abogado de la defensa a modo de 'vigilantes'.
La vida del jurado popular no es un camino de rosas (a los cinco que han declarado 'no culpable' a Camps les han dicho de todo en la internet), pero al menos está pagada. Si le toca, le caerán 67 euros por jornada (de nueve a nueve, doce horas) más el transporte y la comida. Los del juicio de Camps se han levantado un pellizquito por sus 26 sesiones en 45 días: 1.742 euros.
Que sean justicia por un día no significa que sean jueces. Solo los magistrados pueden declarar a una persona inocente. Ellos se limitan a un 'no culpable'. En algunos casos, la tormenta mediática posterior puede ser de órdago. Las hemerotecas recuerdan errores estrepitosos. En 1999, Dolores Vázquez fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Wanninkhof. Una instancia superior anuló la sentencia por no estar motivada la condena y ordenó repetir el juicio con el resultado ya conocido.
«Quizás la relevancia del acusado pueda hacer que la gente ya tenga una opinión», admite Espinosa, que pese a todo se declara «un juradista convencido»: le da al pueblo «la opción de participar en los tres poderes, también en el judicial».
