Piden cinco años a Garzón por «recaudar patrocinios»

Los abogados que se querellaron contra Baltasar Garzón en la causa de los cursos de Nueva York pidieron este lunes al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena la apertura de juicio oral contra el magistrado. En su escrito de calificación acusaron a Garzón de un delito continuado de cohecho impropio, penado con 27.000 euros de multa, y las alternativas de cohecho propio, por el que solicitaron cinco años de prisión, otro de extorsión, castigado con cuatro años, y asociación ilícita, penado con dos años. Este sería el tercer juicio al que se enfrenta el juez tras las escuchas del 'caso Gürtel' y la investigación de los crímenes del franquismo.

Los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea se sumaron al auto de Marchena del pasado 28 de enero, en el que imputaba al juez un delito de cohecho impropio por pedir y obtener de importantes empresas y bancos españoles 1,2 millones de dólares que fueron entregados «en atención a su condición de juez» para patrocinar las actividades que dirigió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

Marchena aseguró entonces que el tipo penal del cohecho impropio no exige enriquecimiento personal, aunque este se produjo en el caso de Garzón, que cobró su nómina del mismo centro de la Universidad de Nueva York al que el BBVA, Cepsa, Endesa o Telefónica entregaron sus «generosos» donativos.

Por este motivo, la acusación popular añadió en su escrito de calificación las alternativas de cohecho propio continuado por «recaudar patrocinios» y, en un caso extremo, de extorsión. Este delito se produciría, según los letrados, por la «intimidación» que sometió Garzón al Banco Santander, BBVA y Endesa, ya que cuando contactó con ellos para pedir que patrocinaran los cursos había tramitado o tramitaba causas penales vinculadas a estas compañías.

Además, consideraron que quedaba probada la asociación ilícita entre Garzón y los miembros de la universidad, «una estructura de recaudación ilícita de fondos de empresas españolas, a cargo del Juez que podía meter en la cárcel, llegado el caso, a los directivos de todas ellas si alguna denuncia o querella caía en su Juzgado y varias de estas empresas ya habían tenido el problema sobre la mesa del mismo Garzón».

Fiscalía y Botín

La acusación popular carga con dureza contra la acción de la Fiscalía, que reclama el archivo de la causa al no encontrar delito en la actuación del juez. Dice que deberían de cumplir con su papel de defensor de la legalidad penal y no erigirse «en su abogado defensor sufragado con dinero público».

Para la fase testifical del juicio piden la declaración de 14 personas, incluido como es lógico el interrogatorio a Garzón. Destacan, entre otros, banqueros y ejecutivos que ya declararon el fase de instrucción, el presidente del Santander, Emilio Botín, su vicepresidente, Alfredo Sáenz, el presidente del BBVA, Francisco González, el de Endesa, Manuel Pizarro, o el de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio.

También solicitaron que declare el nuevo jefe de comunicación de la Casa Real, Javier Ayuso, por entonces director general de comunicación del BBVA, el consejero delegado de Telefónica en Estados Unidos, José María Sanz-Magallón, y los responsables de la cátedra de terrorismo y derechos humanos que impartió Garzón en la universidad norteamericana.