El Salvador lleva ante el juez a nueve militares por la matanza de los jesuitas

El proceso de la Audiencia Nacional española por el asesinato en 1989 en El Salvador de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus empleadas, ha dado un nuevo giro con la entrega de nueve de los veinte militares salvadoreños acusados de la matanza, que desde hoy están a disposición judicial. El Ministerio salvadoreño de Defensa ha puesto este lunes a disposición del Juzgado Decimosegundo de Paz de San Salvador a los nueve militares, que se entregaron el domingo en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador,

Lo ha hecho tras su captura por parte de la Policía en acatamiento de una orden internacional de aprehensión librada por el juez español Eloy Velasco el pasado 30 de mayo pasado. El titular del juzgado salvadoreño, Carlos Calderón, ha visitado este mismo lunes la Brigada en la que permanecen los nueve militares para "constatar las condiciones" en las que se encuentran, y "notificarles los delitos por los cuales son requeridos" por la justicia española, según ha informado en un comunicado el Poder Judicial.

El documento precisa que Calderón enviará un informe a la Corte Suprema de Justicia para que "decida si procede o no la extradición" de los procesados, "y asigne así a un juez que materialice" su eventual entrega a España. La información judicial no precisa, sin embargo, cuándo entregará Calderón el informe al máximo tribunal salvadoreño ni el plazo con el que cuentan los magistrados para decidir sobre la extradición a España de los militares.

Por su parte, la Casa Presidencial ha informado de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) entregó recientemente la orden de captura a la Policía Nacional Civil salvadoreña, que "se disponía" a ejecutarla cuando se entregaron los nueve militares, todos en situación de retiro.

En un comunicado, la Casa Presidencial ha precisado que los detenidos son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo; Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda y Mariano Amaya Grimaldi. También, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo. La orden internacional de captura también incluye a René Emilio Ponce, pero falleció el 2 de mayo pasado.

En la cárcel

La abogada española Almudena Bernabéu, querellante en el proceso contra los 20 militares salvadoreños, ha pedido que los nueve que se entregaron "permanezcan presos hasta que se decida sobre su extradición o puesta en libertad".

Bernabéu ha declarado desde Valencia (España) a la televisión estatal salvadoreña que confía "profundamente en las instituciones del Estado", y pidió que a éstas se les deje actuar y se les apoye para "que puedan hacer el trabajo bien, de manera rigurosa y en observación estricta de las leyes".

Uno de los abogados de los militares, Lisandro Quintanilla, dijo a medios locales que la defensa "todavía no tiene la orden de captura de la Interpol", y que lo único que conoce es el comunicado del Gobierno, pero que espera que la entrega voluntaria de los militares les beneficie.

Otro abogado de los militares, Eduardo Cardoza, había asegurado recientemente que los acusados no pueden ser detenidos porque algunos ya se beneficiaron de la ley de amnistía vigente desde 1993 y otros recibieron sobreseimiento en el caso de la matanza de los jesuitas.

Por su parte, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reafirmó el domingo que la iglesia salvadoreña ya perdonó a los militares y respeta la ley de amnistía, pero que también quiere "conocer la verdad" y "que haya justicia". Las víctimas de la matanza fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró; los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija Celina.