Zapatero defiende la gestión del Gobierno en la crisis y se plantea prorrogar el estado de alarma

Rubalcaba ha sido la cara del Gobierno durante el conflicto ocasionado por la huelga encubierta de los controladores aéreos. Hoy, antes de asistir a los actos conmemorativos del Día de la Constitución, ha sido el momento elegido por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para justificar que no haya comparecido personalmente mientras el Gabinete decidía cómo resolver la crisis aeroportuaria. A su juicio, las primeras explicaciones debe darlas en el Congreso, la sede de la soberanía popular.

Zapatero, que comparecerá el jueves ante el pleno de la Cámara Baja en una sesión extraordinaria, ha recordado que la decisión de decretar el estado de alarma, una facultad que la Constitución atribuye al Gobierno, se inscribe precisamente dentro del título que regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. "Creo que el Parlamento ha de ser quien tenga la información exhaustiva en primer lugar en el menor tiempo posible", ha manifestado.

Ha rechazado así que se critique que haya sido el portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien haya comparecido ante los medios para explicar la evolución de los acontecimientos, una decisión que, ha señalado, forma también parte de la gestión de la crisis. Los pasos dados por el Gobierno y cómo el Gobierno ha informado "han dado los resultados buscados y esperados", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la gestión de la crisis provocada por los controladores aéreos que ha llevado a cabo el Ejecutivo y no ha descartado pedir una prórroga del estado de alarma "en función de cómo evolucionen las circunstancias". Zapatero considera que lograr "restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas" demuestra que "el proceso de toma de decisiones, cómo, cuándo y quién debía informar, ha sido acertado".

Según ha apuntado, dependiendo de cómo evolucione la situación, el Gobierno decidirá o no prorrogar el estado de alarma decretado en principio para quince días y lo hará "teniendo en cuenta la opinión del conjunto de los grupos" parlamentarios. De hecho, una eventual prórroga deberá ser sometida a votación en el Congreso. Zapatero ha recordado que el Ejecutivo tiene facultades y medios para prever cualquier circunstancia que pueda producirse y ha asegurado que los Ministerios de Fomento y Defensa trabajan para tener "una nueva capacidad de reacción" si vuelve a registrarse el mismo problema. "Que confío que no", ha recalcado ante los medios de comunicación.

Rajoy insiste en pedir explicaciones al Gobierno

En el mismo escenario, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha aprovechado para insistir en pedir al Gobierno explicaciones sobre el caos aéreo, ya que ha sido "una situación lamentable". El líder de la oposición, sin embargo, ha remarcado que su partido apoyará el próximo jueves los decretos que el Gobierno ha aprobado para establecer el estado de alarma y contrarrestar los efectos del plante de controladores aéreos.

En el discurso que ha pronunciado en la Cámara Baja en el acto central de conmemoración del Día de la Constitución el presidente del Congreso, José Bono, ha asegurado que "los únicos culpables" del caos aéreo del fin de semana han sido los controladores aéreos, que han recurrido al "chantaje" para defender sus "privilegios", y ha remarcado que "ni han vencido en esta ocasión ni vencerá quien lo intente de nuevo".

Bono ha lamentado que en los últimos días un "grupo de ciudadanos" haya abandonado sus obligaciones y haya echado "un pulso al Estado, perjudicando así "a muchos españoles y a España misma". Sin embargo, ha remarcado el presidente, la Constitución "sabiamente ha ofrecido la fortaleza de su letra para alertarnos a todos de que quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables, los únicos culpables". Y también ha lanzado una advertencia, porque a su juicio "ni han vencido en esta ocasión, ni vencerá quien lo intente de nuevo; nos va demasiado en ello y los culpables deben perder toda esperanza frente a los españoles y frente a la Constitución".

Depuración de responsabilidades

Desde Bruselas, el ministro español de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha seguido la línea marcada por el Ejecutivo y se ha mostrado partidario de depurar "responsabilidades". "El Gobierno ha iniciado ya un expediente disciplinario. Tendremos noticias durante los próximos días y es evidente que tiene que haber responsabilidades", ha confirmado Gómez, quien ha precisado que el Ejecutivo espera tener noticias muy pronto.

"Es una situación muy grave, los perjuicios a la economía han sido enormes en su conjunto y a los ciudadanos que no han podido disfrutar y que han tenido todo tipo de incomodidades durante el puente de la Constitución", ha añadido el ministro. Gómez, que participa en un Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la UE, ha indicado que las pérdidas aún no están cuantificadas.

En lo que va de la cuarta jornada tras el inicio del conflicto- tercera tras el decreto de estado de alarma-, la normalidad caracteriza a los aeropuertos españoles, que han operado un total de 3.262 vuelos de los 4.053 programados para hoy hasta las 21.00 horas, según fuentes de AENA, mientras que se han producido 80 cancelaciones-39 de llegada y 41 de salida-. En cuanto a los controladores, en el turno de mañana ha trabajado el 96% de los operarios, mientras que en turno de tarde un total de 267 controladores de los 271 que tenían que acudir a trabajar en toda España están en sus puestos, lo que supone un 98,5% del total, según fuentes de AENA, que ha calificado estas cifras de normales.

A pesar de que el servicio del tráfico aéreo español funciona con normalidad, puede haber retrasos en los vuelos debido al mal tiempo, principalmente en las conexiones con Europa. La Agencia Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea (Eurocontrol) ha informado de "grandes retrasos" en distintos puntos de Europa debido a las regulaciones impuestas por baja visibilidad o nieve. Estas regulaciones afectan a los espacios aéreos de Alemania, Holanda, Reino Unido, Francia, Austria y norte de Italia, entre otros.

Ayer, AENA abrió 442 expedientes disciplinarios a los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo en la huelga encubierta que se inició el viernes y muchos de ellos ya han sido notificados, según anunció el ministro de Fomento, José Blanco, que aclaró que la apertura de estos expedientes es independiente de las actuaciones que lleve a cabo la Fiscalía. Los controladores han actuado de una forma "altamente irresponsable" y ello no puede quedar impune, por lo que deben recibir las sanciones oportunas registradas en la Ley, ha incidido Blanco en rueda de prensa.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha informado de que la Fiscalía comenzará el jueves a tomar declaración a los controladores. Según ha dicho, todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español el viernes por la noche.