El Tribunal Penal Internacional emite una segunda orden de arresto contra el presidente de Sudán, esta vez por genocidio

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este lunes una segunda orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, esta vez por genocidio. El TPI ya emitió una orden de arresto contra el mandatario en marzo de 2009 por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad cometidos en la región de Darfur, en el oeste de Sudán. El pasado mes de abril Al Bashir ganó las elecciones en el país. El ganador de los comicios se convirtió hace dos años en el primer presidente en ejercicio sobre el que la Corte Penal Internacional emitía una orden de arresto.

El tribunal de La Haya considera que hay motivos razonables para creer a Al Bashir responsable de tres cargos de genocidio cometidos contra los grupos étnicos fur, masalit y zaghawa. Entre ellos se incluye el de genocidio por asesinato, así como el de genocidio por causar daños graves físicos y mentales y el de genocidio por infligir deliberadamente sobre cada grupo unas condiciones de vida calculadas que llevarían a la destrucción física a los grupos.

Sudán se niega a colaborar

Esta segunda orden de arresto no reemplaza ni revoca en ningún aspecto la primera. "En la anterior orden de arresto, la Cámara consideró que hay motivos razonables para creer que Al Bashir es criminalmente responsable por cinco cargos de crímenes contra la Humanidad -asesinato, exterminación, traslado forzoso, tortura y violación- y dos cargos por crímenes de guerra", consistentes en "dirigir ataques intencionados contra la población civil o contra personas que no tomaban parte en las hostilidades, además de saqueo", ha señalado el tribunal.

Ahora, la sala de instrucción del TPI ha pedido al secretario del tribunal que prepare una petición de cooperación suplementaria en la que se solicite el arresto y entrega de Al Bashir por las acusaciones contenidas en las dos órdenes de arresto, y que transmita esta solicitud a las autoridades sudanesas, a todos los estados que forman parte del Estatuto de Roma y a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no son estados parte del Estatuto.

Al Bashir niega haber causado la muerte de hasta 300.000 personas y haber llevado a cabo una campaña de "violaciones, hambre y miedo" contra otros 2,5 millones en campamentos de refugiados, y su Gobierno ha rechazado colaborar con el TPI.