El CGPJ autoriza el traslado de Garzón a La Haya pero no le concede la situación de servicios especiales

El Consejo General del Poder Judicial ha autorizado al juez suspendido Baltasar Garzón su traslado a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda), donde durante los próximos siete meses ocupará un puesto de consultor externo de la Fiscalía aunque no le concede la situación de servicios especiales que había solicitado.

Según ha informado la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, la Comisión Permanente ha estimado que "no se aprecian razones legales que impidan la contratación del magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional", por lo que "permite tal contratación". Esta decisión ha sido adoptada por tres votos a favor y dos en contra. La han apoyado el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar (del sector conservador) y Margarita Robles (del progresista). Mientras tanto, Almudena Lastra y Antonio Dorado han emitido sendos votos particulares en contra. La vocal del sector progresista se ha opuesto por entender que en el acuerdo "no se resuelve lo solicitado". A su juicio, lo procedente hubiera sido "acceder a lo que pide el magistrado Baltasar Garzón y declararle en situación de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Mientras tanto, el vocal del sector conservador fundamenta su rechazo en que "puesto que la Comisión Permanente deniega la declaración de servicios especiales, dicho acuerdo debería haberse limitado a esta declaración, sin perjuicio de que en una nueva petición de Baltasar Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser desestimada".

Una decisión pospuesta

La decisión de la Comisión Permanente del Consejo se ha tomado tras estudiar los informes que había solicitado después de que Garzón fuera suspendido cautelarmente el pasado viernes a raíz de la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. En esos informes, la Fiscalía de la CPI, la Fiscalía General del Estado, la sala segunda del Tribunal Supremo -encargada de juzgar a Garzón- y el Ministerio de Asuntos Exteriores dicen que, a pesar de la suspensión, no hay impedimento alguno para que el juez trabaje en La Haya.

El Poder Judicial había pospuesto esta mañana su pronunciamiento por la falta de varios informes, que han llegado en las últimas horas. Al término de la reunión matutina de la Comisión Permanente, celebrada de forma extraordinaria en Burgos, donde se encontraban buena parte de los vocales del CGPJ para asistir a las jornadas preparatorias del encuentro nacional de decanos previsto para octubre, su portavoz, Gabriela Bravo, aseguraba a los medios que "la decisión no podrá adoptarse hasta contar con todos los informes".

Hasta ese momento, el CGPJ había recibido sólo los informes del fiscal del Tribunal Penal Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores español, ambos favorables a que se conceda a Garzón un permiso de servicios especiales. Faltaban los requeridos a la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo, a la Fiscalía General del Estado y a la propia secretaría del CGPJ, que tenía que emitir su informe a la vista de los cuatro anteriores.

Cuatro informes favorables

A lo largo de la mañana han llegado los del fiscal general y el Supremo. Ni uno ni otro ven impedimento alguno para que el Poder Judicial declare en situación de servicios especiales al juez. En el escrito que ha remitido la Fiscalía afirma que no hay impedimentos legales para que Garzón, pese a haber sido suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional, pueda ser declarado en situación de servicios especiales. El informe que ha enviado también hoy al Consejo la Sala Segunda del Tribunal Supremo señala que no se han adoptado en ninguna de las causas abiertas contra el juez suspendido en el alto tribunal "medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del mencionado magistrado".

La Fiscalía del TS es más explícita al señalar que la posibilidad de que el CGPJ declare en situación de servicios especiales a un juez provisionalmente suspendido "no puede estimarse legalmente impedida por la Ley Orgánica del Poder Judicial". Además, afirma que la declaración de servicios especiales para un puesto que no comporta el efectivo ejercicio de jurisdicción, ni se vincula al mismo, resulta "materialmente irrelevante" a los efectos de la finalidad que persigue la suspensión cautelar. En este sentido, indica que la futura actividad a desarrollar por Garzón durante siete meses en el cargo de consultor externo de la CPI "no es de ningún modo jurisdiccional y sí, con carácter exclusivo, la de asesor legal de la Fiscalía" de este órgano, situación que -resalta- no supone ningún tipo de inmunidad procesal.

Recibidos estos dos informes, el último en ser remitido ha sido el de la secretaría del CGPJ. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya informó ayer al CGPJ de que sigue respaldando el traslado temporal de Garzón a la CPI, mientras que la Fiscalía de este tribunal, dirigida por el argentino Luis Moreno Ocampo, remitió otro escrito en el que se asegura que la suspensión provisional del juez no constituye obstáculo para su contratación.

Con la conciencia tranquila

Antes de conocer la autorización del traslado, Baltasar Garzón había explicado que no se siente perseguido pero que, si fuera el caso, quien lo estuviera haciendo "tendría que dar explicaciones". "Respeto la acción de la Justicia", subrayaba el magistrado en declaraciones a la prensa en París, tras ser recibido por la teniente de alcalde de la capital francesa, Anne Hidalgo.

Aunque no quería entrar en el fondo del asunto que ha llevado a su imputación, sí dejaba claro que "en mi conciencia está muy lejos la idea de haber cometido una acción ilícita". Al ser preguntado sobre si considera que ha habido ensañamiento contra él, el magistrado ha respondido: "no me he parado a pensarlo".

Tras comentar que "el Tribunal Supremo me merece el máximo respeto", Baltasar Garzón añadía que no emite opiniones de valoración personal sobre su actuación y que "la acción de la justicia debe ser independiente". También negaba la sugerencia formulada por un periodista en el sentido de que en España se esté produciendo un "golpe de Estado" por la polémica sobre el franquismo, y replicaba que "el sistema judicial español es un sistema democrático" y "no voy yo a criticarlo y menos fuera de España".

Interrogado sobre si pensaba en la ley española de amnistía de 1977 cuando anoche dijo que, al final, las leyes de impunidad acaban cayendo, el juez precisaba que no se refería "a ninguna en particular". No obstante, a continuación recordaba que "a lo largo de los años ha habido leyes de impunidad o de amnistía" que han sido anuladas o suprimidas en muchos países o por instancias internacionales y ha aludido, en especial, al caso de Argentina.