Garzón pide el traslado a la Corte Penal Internacional como asesor en el Consejo de la Fiscalía

El juez Baltasar Garzón ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial su traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) para incorporarse como asesor externo de la Fiscalía. Garzón, que abandonaría de esta forma el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha realizado esta petición después de recibir el pasado 6 de mayo una invitación del fiscal jefe de ese órgano, Luis Moreno Ocampo.

La propuesta le llegó con la intención de que la CPI aproveche la dilatada experiencia del magistrado en la investigación de crímenes organizados y masivos. Así, se encargaría de asesorar a la Fiscalía del Tribunal Internacional parar mejorar sus técnicas de investigación. El juez se incorporaría como consultor externo por un periodo inicial de siete meses.

Durante este tiempo, el magistrado tendría su despacho en La Haya (Holanda), aunque podría desplazarse eventualmente a Congo, Uganda o Colombia, donde la Corte tiene causas abiertas por crímenes contra la humanidad. La creación del tribunal se aprobó en 1998 y comenzó a funcionar el 2 de julio de 2002, después de que fuera reconocido por 60 estados. Está formado por 18 jueces, la Fiscalía dirigida por Moreno Ocampo y especialistas en Derecho Internacional y Penal.

El CGPJ se pronuncia mañana

El magistrado, que podría evitar así la suspensión de sus funciones jurisdiccionales como resultado de las tres causas en las que está imputado por el Tribunal Supremo, quiere que el órgano de gobierno de los jueces le declare en situación de servicios especiales, sin perder su plaza en la Audiencia. La solicitud será estudiada mañana por la Comisión Permanente del CGPJ, que abrirá un expediente. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores debe declarar "de interés" la presencia del juez en el tribunal de La Haya.

La petición llega en un momento delicado para el magistrado, que está pendiente de las tres causas abiertas en el Supremo. Sobre una de ellas, en la que está acusado de prevaricación por asumir la instrucción de las desapariciones del franquismo, el juez ha dado un paso previo antes de recurrir al Tribunal Constitucional. Garzón ha alegado que la decisión del alto tribunal al rechazar la recusación de Luciano Varela, instructor de la causa, vulnera sus derechos fundamentales.

Así lo indica el letrado de Garzón en este proceso, Gonzalo Martínez-Fresneda, en un escrito presentado ayer ante la Sala de lo Penal del TS en el que denuncia la vulneración de derechos fundamentales al amparo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Martínez-Fresneda presentó a finales del mes pasado la recusación al considerar que Varela tiene "interés directo" en la causa y le acusó de parcialidad por haber pedido a las acusaciones -Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad-que rectificaran sus escritos de acusación para que se ajustaran a lo exigido por la ley.

La semana pasada, el magistrado Andrés Martínez Arrieta rechazó de plano la recusación planteada por Garzón contra Varela al entender que el hecho de que el instructor concediera un determinado plazo a las acusaciones para subsanar varios defectos en sus escritos de acusación se adecuaba a lo establecido en la ley procesal penal. En opinión de Martínez Arrieta, "tampoco cabe hablar de parcialidad del instructor por tomar una decisión que persigue reforzar y actuar las garantías derivadas del principio acusatorio que ampara al imputado en el procedimiento penal".

Los argumentos de Garzón

Garzón alega en su nuevo escrito que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, el principio de igualdad de partes y el derecho a un juez imparcial. Según explica, Varela "era el autor intelectual, aunque involuntario, del primer escrito de acusación de las asociaciones Manos Limpias y Libertad e Identidad", ya que reprodujeron literalmente un auto de éste. Posteriormente -indica- Varela pasó a ser "el autor intelectual y voluntario del núcleo central del segundo escrito de dichas acusaciones populares", así como de un tercer escrito de acusación de éstas. Argumenta también que el instructor de la recusación, Andrés Martínez Arrieta, no está autorizado a rechazar la recusación, facultad, en su opinión, atribuida al pleno de la Sala de lo Penal. "Ello ha privado a nuestro representado de una garantía fundamental, como es la de que su reclamación sea examinada por toda la Sala y no dependa del criterio de un solo magistrado".

También indica que el rechazo de plano de una recusación "supone que la resolución de la que depende el futuro del procedimiento y la posible suspensión cautelar de nuestro representado -resolución que además no es susceptible de recurso- dependa ahora de un magistrado que estimamos ha tomado un evidente interés parcial en el asunto". El letrado hace hincapié en que las acusaciones y Garzón "no han merecido el mismo trato" y en que las decisiones de Varela "se dirigían precisamente a 'reforzar y actuar' la existencia de las acusaciones". Tanto la Fiscalía como las acusaciones y el propio Varela habían pedido que se rechazara esta recusación por estimar que el instructor no tiene interés personal directo o indirecto en la causa.