El Supremo confirma la admisión a trámite de la querella contra Garzón por las escuchas del 'caso Gürtel'

El Tribunal Supremo ha confirmado la admisión a trámite de la tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, presentada como acusador particular por el ex fiscal de este órgano y abogado de uno de los imputados del 'caso Gürtel' Ignacio Peláez, que considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta con sus abogados en prisión.

En un auto, el alto tribunal rechaza el recurso presentado por la Fiscalía, al que después se adhirió Garzón, contra la decisión del Tribunal Supremo del pasado febrero de admitir esta acción penal contra el magistrado, que se suma a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en Estados Unidos durante un permiso de estudios.

Sospechas verosímiles

La querella fue presentada por Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, aunque después se adhirieron los letrados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de Pablo Crespo. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló después todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón , al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa.

En el auto del pasado febrero, en el que se nombraba instructor de la causa al magistrado de lo Penal Alberto Jorge Barriero, la Sala Segunda del Supremo ya afirmaba que no existían "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" en la querella. Ahora, el alto tribunal insiste en que la posibilidad de comisión delictiva "no es totalmente descartable en este momento inicial del proceso", lo que impide la inadmisión que pretenden el Ministerio Público y la parte querellada. Responde a sus recursos de súplica explicando que, en este momento, la Sala sólo debe determinar si los hechos denunciados "resulta verosímiles" y "pudieran plausiblemente integrar un ilícito penal", ya que el análisis del fondo de la cuestión, es decir, la decisión final acerca de su calificación jurídico penal, "ha de ser materia propia de la instrucción".

"Difícil e incorrecto sería que antes de la investigación de los hechos y de la práctica de la pruebas que resulten precisas para su completo esclarecimiento, así como el oportuno debate contradictorio, adelantásemos nosotros en este momento juicio o valoración alguna, en uno u otro sentido, que vayan más allá de esos requisitos para la admisión de una querella", insiste el auto, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza.

El auto apuntilla que la admisión a trámite no significa que "pueda ya afirmarse la existencia de infracción alguna de verdadera relevancia penal", ya que "como resulta obvio y sobradamente conocido, no toda irregularidad o decisión incorrecta de una autoridad judicial, suponiendo que éste fuera el caso, constituye un ilícito de esa naturaleza". Para ello es necesario, indica, la concurrencia de "otros elementos" referidos a esa incorrección jurídica, "que habrá de debatirse en relación con el caso concreto que nos ocupa", y a "la eventual gravedad de la misma, su abierta y rotunda contradicción con el ordenamiento jurídico (...) y la pressencia de los elementos subjetivos de ambos tipos penales".

El Supremo no se siente presionado

Garzón copa toda la actualidad judicial con tres causas abiertas en el Supremo. La que más cerca le tiene del banquillo es la relacionada con los crímenes del franquismo. Como en el caso de las escuchas del 'Gürtel', también está acusado de prevaricación. El hecho de que esté a un paso del juicio ha motivado que sus defensores se hayan movilizado. El acto que más ha dado que hablar fue el que organizaron el pasado martes los sindicatos. La polémica llegó de la mano del ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que descalificó a los miembros del Supremo. El CGPJ tuvo que salir al paso de estos ataques, que generaron "preocupación y tristeza".

La Sala de Gobiero del Supremo también ha respondido a las manifestaciones que se vienen sucediendo. En una declaración adoptada por unanimidad, el ato tribunal no considera que su independencia se vea "perturbada" por las críticas y las presiones que está recibiendo y recuerda que todos los poderes del Estado deben "preservar el orden constitucional".