Tribunales
La indemnización por la tetraplejia de Juan sigue sin ejecutarse y llega al Poder Judicial
El caso del jornalero de Algodonales que se quedó inválido tras chocar contra una mula se lleva ante el CGPJ, ya que la familia lleva años esperando que se haga efectiva la sentencia
Juan Carretero , un jornalero de Algodonales, falleció antes de que se ejecutara la sentencia sobre el fatal accidente que le dejó postrado y tetrapléjico en una cama. El fallo condenaba a los dueños de una mula que se escapó de una finca a pagarle una elevada indemnización después de que este trabajador chocara con su coche contra ella lo que le provocó una paraplejia con un grado de discapacidad del 99%, una incapacidad permanente en grado de gran invalidez. Y el resto de su vida en una cama.
Sin embargo, la sentencia que ya se dictó sigue sin ejecutarse. Y Juan jamás vio el dinero que se le debía por lo que le habían ocasionado ya que murió hace cuatro años. Solo, en noviembre pasado, y con él ya fallecido, su familia recibió una comunicación judicial que les anunciaba que iban a cobrar diez euros , del cerca del millón que, según el fallo, se les debe. Y la razón no es otra que la ausencia de la ejecutoria por parte del juzgado de Utrera, según ha denunciado ya en reiteradas ocasiones el abogado Fernando Osuna, quien representa a la familia.
Según asegura, esta «negligencia» ha llegado ya hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)donde han acudido para solicitar que se abra un expediente disciplinario al referido juzgado por este «descomunal retraso».
Como el abogado explica se pidió la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario por infracciones graves reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial , art 418.11, «son faltas graves: El retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave».
Y añade, «los familiares por tal retraso fueron indemnizados con una reducida cuantía hace años por el retraso aludido. Pese a ello el juzgado siguió con la misma lentitud o mayor , por lo que se decidió pedir responsabilidades disciplinarias para que el juzgado sea sancionado».
La queja recuerda que la parte demandada fue condenada por sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Utrera dictada en el procedimiento ordinario 782/2008, a abonar al afectadfo, hoy fallecido, como indemnización el importe de 620.569, 44 , sólo de principal, más intereses y costas, por lo que lo adeudado con intereses, gastos y costas asciende a un millón de euros aproximadamente. Este fallo es firme y, por tanto, se ha solicitado su ejecución.
Según denuncia Osuna, «ha habido espacios de tiempo superiores a dos años en los que el juzgado no actuaba, igualmente ha estado paralizado el proceso judicial en varias ocasiones en tramos de tiempo de un año». «El último escrito sobre petición de anotación de embargo preventivo de derechos hereditarios llevaba varios años sin ser resuelto».
Por este motivo, se ha solicitado al CGPJresponsabilidad disciplinaria del citado juzgado, por las dilaciones que sufre esta ejecución y se solicita, además, la dotación de recursos materiales y humanos al juzgado de Utrera que, como denuncia esta familia, funciona de una manera «completamente inoperante, acumulando pleitos en trámite sin cesar. El tiempo medio de respuesta a escritos es de un año como poco y demuestra un sistema colapsado que pide a voces, más personal y mejora de medios de trabajo.
El procedimiento de ejecución lleva iniciado desde 2004, alargándose de manera injustificada, ya que los plazos de un trámite a otro son de meses o incluso años, cosa que no es normal en este tipo de procedimientos civiles, por lo que no se puede entender ni tolerar la inmotivada dilación de las actuaciones en el tiempo.
Tras el accidente, como recordaba hace un tiempo la hija de Juan a LA VOZ , la vida de Juan cambió pero también la de toda su familia. Su madre tuvo que dejar su empleo en una residencia de mayores para poder atender a su marido. Tras años de litigio, la justicia les dio la razón y condenó a los dueños de la finca de donde había salido el animal a pagarle una indemnización de un millón de euros, tanto por las secuelas físicas y psicológicas como también por la multitud de gastos que tuvieron que afrontar en tratamientos, en adaptar su casa a esa nueva vida en silla de ruedas o a instalar el motor que le ayudaba a levantarse de la cama.
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