Tribunales
La familia del tetrapléjico de Algodonales, que lleva 17 años esperando una indemnización, estudia pedir sanciones para el juez
Juan Carretero falleció en 2016, tras 12 años en cama después de haber chocado su coche con una mula, sin recibir lo que le adeudan los dueños del animal, que fueron condenados por el hecho
El 29 de febrero de 2004, cuando Juan Carretero Gil se dirigía a trabajar en el campo para ganarse el jornal, se topó con una mula en mitad de la carretera. La brutal colisión del animal con su coche tuvo como consecuencia que Juan quedase tetrapléjico .
Estuvo 418 días ingresado entre en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Puerta del Mar de Cádiz y se le reconoció «una tetraplejia con un grado de discapacidad del 99% , lo que derivó a la situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez», explica el abogado de la familia, Fernando Osuna.
Los propietarios de la mula fueron condenados en 2014 por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Utrera a abonar a Juan un millón de euros, de los cuales 620.569,44 euros eran indemnización principal y, el resto, intereses y costas. Una cantidad que, «pese a instarse la ejecución en numerosas ocasiones» , detalla el letrado, nunca ha sido pagada. «El último escrito de esta parte sobre petición de anotación de embargo preventivo de derechos hereditarios lleva dos años sin ser proveído», señala.
Depresión e intento de suicidio
Y es que Juan falleció en 2016, 12 años después del accidente, a la edad de 64 años. Durante todo ese tiempo no recibió nada de la indemnización y «su situación era desesperada» , afirma el abogado de la famila. «No recibía la atención necesaria», asegura. El estado físico de Juan era «deplorable por no poder pagar los cuidados necesarios: el cuerpo lleno de llagas, su esófago deteriorado, el cuerpo amoratado, orina con sondas, el estómago le funcionaba mal, depresión nerviosa muy grande, defecaba con la ayuda de medicamentos, la mayoría de los órganos no le funcionaban bien, para bañarlo había que usar una grúa ortopédica». Tal era la situación que inició una huelga de hambre, de la que desistió, e incluso se intentó suicidar.
Tras el fallecimiento de su padre, los hijos de Juan: Ana María, Juan José y Sergio, «solicitaron formalmente ante el Juzgado de Utrera la sucesión procesal, al ostentar el título y la legitimación necesaria para ello, como herederos de aquel, para obtener el importe al que fue condenada la parte demandada». No obstante, explica el abogado Fernando Osuna, «pese a instarse la ejecución en numerosas ocasiones, la mencionada cantidad no ha sido satisfecha» .
Dos años para cumplimentar un papel
Por todo ello, detalla, «se hace reserva de acciones que por responsabilidad disciplinaria pudieran ejercerse por las dilaciones que sufre esta ejecución y se solicita dotación de recursos materiales y humanos al Juzgado de Utrera que funciona de una manera completamente inoperante, acumulando pleitos en trámite sin cesar. El tiempo medio de respuesta a escritos es de un año como poco y demuestra un sistema colapsado que pide a voces, más personal y mejora de medios de trabajo. No es solamente necesario por la evidente frustración entre las partes de un conflicto, sino porque la realidad es que está más que justificada la indemnización fruto de la responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la Administración de Justicia. En nuestro caso, esta indemnización ha sido conseguida ya una vez, trasladando al erario público cuantiosos desembolsos que, de funcionar bien el Juzgado de Utrera, serían evitables». Y es que la Justicia ya indemnizó a la familia hace tres ños con 60.000 euros por el gran retraso en el juicio. Y hace unos meses se ha solicitado una indemnización de 20.000 euros por lo mismo, asegura el letrado.
Para concluir que «la situación económica de la familia se puede solucionar, si el funcionario correspondiente redacta un simple papel, necesario para iniciar la ejecución. Pero la desidia del juzgado de Utrera se lo impide ». Un papel, la petición de embargo, que lleva dos años en el juzgado de Utrera sin cumplimentarse. 17 años después la familia de Juan aún espera la indemnización.
Por todo ello, además de estudiar pedir sanciones para el juez de Utrera, la familia asegura que va a seguir con su lucha, llevando el caso a la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Decano de los Abogados, a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía .
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